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Resumen Turismo

Agua: anarquía e indiferencia

Es incuestionable la importancia del agua, ya que sin dudas podremos subsistir sin muchas cosas, pero sin este recurso concebir la vida es inimaginable.

Según análisis publicado por el Observatorio Político Dominicano (OPD), “el agua disponible en la República Dominicana es abundante, pero está mal distribuida”, indicando que a pesar de que hay ocho instituciones destinadas a la distribución del agua, una reducida cantidad de habitantes está conectada a los sistemas de abastecimiento. Respecto de la depuración de las aguas residuales, el análisis indica que en el caso del Gran Santo Domingo, el 96.2% de las aguas negras son descargadas sin tratamiento alguno al suelo y a los distintos cursos de agua.

El Informe Global de Competitividad 2014-2015, indica que dentro de los 16 factores más problemáticos para R.D. están: (i) la pobre salud pública; (ii) inadecuadas infraestructuras y (iii) la insuficiente capacidad de innovar. Todo lo anterior nos obliga a reflexionar sobre las debilidades de gestión que no solo impiden que nuestro país sea más competitivo frente a otros, más aun, van en detrimento de una cuestión tan fundamental como lo es la salud.

La deficiente administración del agua también se evidencia en un súper-subsidio, lo que en cierto modo ha provocado que sea utilizada con negligencia (según el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), cerca del 60% del agua que reciben los ciudadanos se desperdicia).

La realidad actual es que existe un crecimiento exponencial en la demanda del recurso y un decrecimiento constante en la eficiencia de los sistemas de abastecimiento- una ecuación no compatible-. Este decrecimiento se debe, en síntesis, a la contaminación de las fuentes hídricas y del suelo, al uso indiscriminado del recurso, y a otros factores que provocan cambios en el sistema ecológico y climático del país.

Respecto del marco legal, el artículo 15 de la Constitución Dominicana establece que el agua constituye un patrimonio nacional estratégico y esencial para la vida, y que el Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos. Igualmente, contamos con la Ley No. 5852 sobre Dominio de las Aguas Terrestres y Distribución de Aguas Públicas promulgada hace poco más de medio siglo, siendo esta una pieza considerablemente ambigua.

Reconociendo esto, en el 1999 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$71 millones para consolidar la reforma del sector para el cual se exigía una adecuación del marco regulatorio, pero al no lograrse esto último el préstamo no se hizo efectivo. A estos efectos, muchas han sido las iniciativas legislativas presentadas en los últimos 15 años sin éxito alguno.

Pero, ¿por qué no se ha aprobado ninguna iniciativa?. Debido a la lucha por la tutela del agua, y a la “demonización” de la “privatización” del recurso, ya que algunas de las iniciativas permitirían la intervención del sector privado.

Es indiscutible que nuestros legisladores han ignorado lo estatuido en nuestra Carta Magna sobre la posibilidad del Estado de asociarse con el sector privado con el fin de garantizar el acceso a servicios básicos (Arts. 147 y 219), pero también han obviado que mientras debaten una pieza legislativa durante años, el escenario esbozado más arriba sobre el uso, suministro y disposición del agua se agrava.

Es momento de aprender de lecciones ajenas, como es el caso de Nigeria, donde se reportan el 12% de todas las muertes de niños a nivel mundial vinculadas al agua, pero también de copiar experiencias positivas de países vecinos como Argentina y Colombia, que han reconocido la necesidad de inversión privada para garantizar el acceso a tan preciado liquido.

En definitiva, es un axioma que resulta vital un cambio en la gestión del agua en el país, ya que el esquema actual no funciona. Otro axioma es que nos encontramos con una lucha contra el tiempo que debe batallarse con sabiduría y conciencia, colocando siempre por encima el interés colectivo.
Por Patricia Guzmán Parra
Directora Departamento de
Medio Ambiente DMK Abogados

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