Secretaría de Trabajo afilia empleados al Senasa
El secretario de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), Max Puig, formalizó su traspaso y el de todos los funcionarios y empleados de esa cartera al Seguro Nacional de Salud (Senasa), para recibir asistencia médica dentro del régimen contributivo.
La formalización del traspaso fue dada a conocer durante una reunión encabezada por Puig y la directora general de Senasa, Altagracia Guzmán Marcelino.
Esta afiliación se ejecuta en momentos en que está en manos de la Suprema Corte de Justicia una solicitud de suspensión y un recurso de casación interpuesto por la Sisalril en torno a la decisión del Tribunal Contencioso y Administrativo de suspender provisionalmente la resolución de ese organismo que ordenaba el traspaso de todos los empleados públicos al Senasa.
Esa disposición debió entrar en vigencia el 18 de agosto pasado.
Guzmán Marcelino aprovechó la ocasión para entregar a Puig el más reciente Boletín Informativo de Senasa y la Guía de Prestadores para Afiliados del Régimen Contributivo, en que aplican los empleados públicos y privados que seleccionen a Senasa como su ARS.
La guía contiene los nombres y direcciones de los prestadores individuales e institucionales de servicios contratados por Senasa para atender a los afiliados, incluidos los médicos, clínicas privadas, laboratorios, centros de diagnósticos y farmacias en todo el país.
Informó que en el Centro de Llamadas de Senasa el 77% de las llamadas que reciben día a día son generadas por personas no afiliadas, interesadas en saber cómo pueden afiliarse a esa ARS estatal, ingresar a sus familiares u otras informaciones en torno a los beneficios que ofrece esa entidad.
Empresarios y Estado deben RD$3,000 millones a Fondo de Pensiones
El Estado dominicano y los empresarios privados de la construcción adeudan más de RD$3,000 millones al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción, lo que mantiene en espera a unos 20,000 envejecientes solicitantes de jubilaciones.
De acuerdo con la Ley 6-86, se establece el pago del uno por ciento del monto total de las obras construidas al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción.
Según denunció el director ejecutivo de la entidad, Luis Miguel Martínez Glass, en la mayoría de los casos los empleadores descuentan la cuota de pensión a sus empleados y no lo reportan al sistema.
Señaló que los cabildos son los más morosos en ese sentido, y citó que los ayuntamientos del Distrito Nacional y Santo Domingo Este están entre cinco que pagan “religiosamente” la cuota que le asigna la ley.
