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Resumen Turismo

Crece rechazo de los sectores productivos a máquinas Rayos X

La Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) se unió a los sectores productivos que objetan  la operación de máquinas de Rayos X en los puertos del país, y definió la iniciativa en ese sentido como una sobrecarga costosa, innecesaria y contraria a los propósitos de elevar la competitividad  de la economía nacional.
“Se trata de una medida absolutamente innecesaria e inoportuna que representaría una traba adicional a las actividades de importación y exportación  en un momento en que el propio presidente de la República, licenciado Danilo Medina,  ha reafirmado su compromiso con la facilitación  del proceso económico dominicano”, expresa una declaración suscrita por Aquiles Bermúdez, presidente de ADOZONA.
La entidad coincide con la posición asumida en torno al mismo tema por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD); la Cámara Americana de Comercio  y la Asociación de Navieros de la República Dominicana.
Las organizaciones empresariales se oponen al intento  de aplicar un contrato de instalación de máquinas de rayos X en puertos locales, a cargo de la firma  ICCS,  basado en un contrato grado a grado otorgado hace más de ocho años que también ha sido objetado por la Dirección General de Aduanas.
ADOZONA comparte la opinión de los sectores productivos que entienden las pretensiones de ICCSI  como inadmisibles  porque comportarían un costo para las empresas, afectarían la competitividad y eventualmente reducirían los ingresos del Estado Dominicano.
Las entidades que se oponen a la aplicación del nuevo sistema indican que ese componente  aumentaría los costos de desaduanización, ya que sería obligatorio inspeccionar el 100% de los contenedores con Rayos X, cobrando una tasa fija por dicho servicio, en adición a los que debe inspeccionar la Dirección General de Aduana (DGA) según el perfil de riesgo de las empresas importadoras y exportadoras.
ADOZONA respalda  a la posición de la Dirección General de Aduanas, que de  acuerdo a la ley  es la institución facultada para implantar este tipo de sistemas, así como los planes estratégicos relacionados con la transparencia dentro de esa área del Estado.

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