Poder Judicial destituye a dos jueces de Higüey y La Romana

El Consejo del Poder Judicial (CPJ) produjo sus primeras medidas disciplinarias, desde que tomó posesión su nuevo presidente, Mariano Germán Mejía, titular de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
El órgano de gobierno del Poder Judicial destituyó a los jueces Altagracia Sánchez Molina, de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de La Romana y Adolfo Oscar Caraballo Meriño, del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Higüey, por faltas graves en ejercicio de sus funciones.
La decisión fue adoptada por los consejeros Mariano Germán Mejía, presidente, Dulce Rodríguez de Goris, Samuel Arias Arzeno y Elías Santini Perera.
Sobre la magistrada Sánchez Molina, se estima, mediante la sentencia No. 03/2012, que independientemente de los daños que causan a la sociedad las faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones por los jueces del Poder Judicial, en el caso de la procesada “ha ocasionado graves daños a la compañía NewCo, MG. INC.; los cuales hubiesen podido ser evitados de haber actuado la referida magistrada de manera distinta a cómo lo hizo”.
Considera que conforme con las pruebas examinadas y cuyo análisis se consigna en la decisión, el CPJ llegó a la conclusión de que la magistrada incurrió en faltas graves, al emitir una decisión basándose en un contrato de promesa de compraventa que no fue depositado en el expediente. Asimismo, fallar asuntos de amigo, compadre y abogado a su servicio en ocasiones, sin tomar ninguna medida prudencial, “y por tanto en violación a los principios éticos que deben ser el soporte de actuación de todo juez”.
El CPJ conoció un querellamiento en contra de Molina, por parte de los abogados Winston de Jesús Marte y Carlos Joaquín, representantes de la compañía NewCo, MG. Inc., donde cuestionan una sentencia emitida por la magistrada, donde pocos días después el alguacil del tribunal, Máximo Andrés Contreras Reyes, se reunió con el beneficiario, de quien recibió la suma de US$200,000 de US$300,000, por la cual se pactó el procedimiento de desalojo de un hotel, el cual no pudo ejecutarse.
Mientras que el magistardo Caraballo Meriño fue acusado, según la sentencia a No. 04/2012, de producir autos de inhibición irregular en dos casos; dictar una resolución en el caso de la señora Clara Aurora Pión Cruz, en contra de la Asociación de Ganaderos de Nisibón, donde éste debió inhibirse por ser parte de dicha asociación.
Además, dictar varias resoluciones cuando ya estaba inhabilitado por la SCJ; cambiar fecha a resoluciones y no asentarlas en el libro récord del tribunal; registrar inversiones en el Banco Central, por RD$13,301,000, conjuntamente con su hermana y esposa, una cuenta con el BanReservas por más de RD$1,500,000 y ganado, sin reflejarlo en su última declaración jurada de bienes.