Sectores se pronuncian en contra de proyecto de primer empleo
El proyecto de ley del Primer Empleo sometido al Congreso Nacional por la diputada Karen Ricardo, del Partido de la Liberación Dominicana, y aprobado de urgencia en marzo pasado por la Cámara de Diputados, ha ocasionado controversias en los diferentes sectores debido a que consideran que vulnera los derechos de los trabajadores.
El problema está en que en el capítulo 3, artículo 6 del literal D, el proyecto propone “la exención del pago del auxilio de cesantía y preaviso a la terminación del contrato de trabajo (que es por un año)”.
El secretario de Trabajo, Max Puig, se opone al proyecto y considera que su aplicación contradice al Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social y la ley que crea al Infotep (Instituto de Formación Técnico Profesional), así como convenios internacionales suscritos por el país.
Deplora la pieza porque favorece la inserción de jóvenes en el mercado laboral sin el disfrute de los beneficios conquistados por los trabajadores, lo que vulnera sus derechos.
Por esto pide al Senado que descarte el proyecto o lo modifique.
El sector empleador también está en desacuerdo con este proyecto y mediante una carta remitida a la Secretaría de Trabajo, para que la hiciera llegar al Congreso, propuso que se desestimara en su totalidad.
Maribel Gassó, presidenta de la Confederación Patronal Dominicana (Copardom), dice que el sector está claro y consciente de que se debe fomentar el primer empleo, pero no en las condiciones que establece dicho proyecto de ley.
El sector sindical se opone “total y absolutamente” a que el Senado lo apruebe porque excluye a las empresas del cumplimiento del Código de Trabajo al exonerarlas de los beneficios que por ley le corresponden a los trabajadores sean jóvenes o viejos, y de la responsabilidad de seguridad social.
Rafael Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), explica que en el país existe una ley establecida en el Código que incluye los contratos de aprendizaje donde se le exige como requisito a los patrones el pago del salario mínimo para los jóvenes pasantes, pero sin negarle los derechos que le corresponden como trabajadores, “que son sagrados”.
