Ministro Paliza: el ordenamiento territorial es una acción para prevenir los desafíos ambientales
La gestión de riesgos debe consolidarse como una política de Estado orientada a la prevención, la planificación y la resiliencia, ante el impacto creciente de los fenómenos climáticos y los desafíos ambientales que enfrenta la República Dominicana, y el gobierno impulsa como parte de esto el ordenamiento territorial, “porque tenemos que decidir entre ser un país que reconstruye después del desastre o uno que lo evita”.
Este enfoque lo planteó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza al participar en la exposición “Prevención 360”, en la que ofreció la breve pero interesante exposición “Gestionando Riesgos: Una política de Estado para el futuro”, un encuentro que fue encabezado por la vicepresidenta, Raquel Peña.
Nosotros “tenemos que decidir entre ser un país que reconstruye después del desastre o uno que lo evita”, porque los fenómenos climáticos representan una de las mayores amenazas para la sostenibilidad económica del país, dijo, por eso el Gobierno impulsa: ordenamiento territorial, inteligencia artificial y tecnología geoespacial para fortalecer la prevención y la respuesta ante emergencias.
Como parte de las soluciones impulsadas por el Gobierno, el ministro Paliza destacó la implementación de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, la cual permite organizar el crecimiento urbano y establecer las bases para un desarrollo ordenado, seguro y sostenible en las próximas décadas.
“Hoy estamos decidiendo dónde es seguro construir, dónde debemos proteger nuestras cuencas y cómo nuestras infraestructuras deben resistir fenómenos extremos. A través de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial, que son ahora instrumentos obligatorios, estamos integrando estudios de riesgo, microzonificación sísmica y mapas de inundación para garantizar que el crecimiento urbano no genere nuevas vulnerabilidades”, manifestó.
Paliza destacó que invertir en ordenamiento territorial, tecnología e información geoespacial como parte de la política de prevención del Estado, no representa un gasto, y es una inversión estratégica para proteger vidas, reducir pérdidas económicas y garantizar el futuro del país.
Hoy, precisó, “estamos decidiendo dónde es seguro construir, dónde debemos proteger nuestras cuencas y cómo nuestras infraestructuras deben resistir fenómenos extremos. A través de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial, que son ahora instrumentos obligatorios, estamos integrando estudios de riesgo, microzonificación sísmica y mapas de inundación para garantizar que el crecimiento urbano no genere nuevas vulnerabilidades”.
Paliza insistió en que esto “no es solo ordenamiento, es planificación y gobernanza multinivel. Estamos alineando planificación, inversión pública, inversión privada, participación, demanda territorial y 2 niveles de gobierno en una sola lógica.
Además, avanzamos hacia la integración de sistemas de información y plataformas interoperables que permiten una gestión coordinada del territorio y del riesgo a nivel nacional. Esto nos permite estar en la capacidad de reducir en el mediano plazo entre un 30 % y un 50 % de las pérdidas evitables por desastres y aportar entre 0.3 % y 0.5 % adicional al PIB”.
Advirtió que ordenar el territorio exige información precisa y por eso el gobierno está “impulsando el mayor salto de la información geoespacial en la historia del país. Con vuelos fotogramétricos y tecnología LIDAR vamos a generar cartografía de alta precisión de la totalidad del territorio de la República, incluyendo cobertura urbana de alta resolución, lo que constituye uno de los programas nacionales de cartografía de mayor escala actualmente en desarrollo en la región del Caribe, que nos permitirá modelar el territorio y entender el riesgo con rigor científico”.
“Eventos recientes como el huracán Fiona y las inundaciones urbanas han generado pérdidas económicas relevantes, afectando infraestructura, producción y miles de hogares, evidenciando el alto costo de la no resiliencia y no anticipar el riesgo. De acuerdo con el Banco Mundial, si no aceleramos la acción climática, las pérdidas podrían alcanzar entre un 4 % y un 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2030”, indicó.
Paliza agregó que se ha fortalecido la capacidad de respuesta del Estado con la incorporación de radares Doppler por parte del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)-tres nuevos de alta tecnología en Puerto Plata, Punta Cana y Las Américas y la transformación institucional hacia INDOMET han elevado significativamente la precisión de las alertas tempranas y mediante el Bono de Emergencia, se ha podido proteger a miles de hogares afectados, garantizando una respuesta más humana y oportuna.
“Además, precisó, continuamos fortaleciendo y modernizando el modelo de seguridad ciudadana y respuesta a emergencias mediante la expansión de las capacidades tecnológicas del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1. Aprovechando la sólida infraestructura de cámaras, centros de monitoreo y plataformas tecnológicas ya existentes, el país procura avanzar hacia una nueva etapa basada en Inteligencia Artificial, análisis avanzado de video y herramientas de ciudades inteligentes (Smart City)”.
A continuación, el texto íntegro de la exposición
Gestionando Riesgos: Una Política de Estado para el futuro
Señoras y señores,
Debemos decirlo con claridad: los desastres naturales ya no son eventos aislados. Son interrupciones sistémicas capaces de borrar décadas de desarrollo en cuestión de horas, y cada vez avisan menos. Por eso, la gestión del riesgo debe dejar de ser reactiva para convertirse en un eje central del desarrollo sostenible.
Los datos internacionales son contundentes. El más reciente Informe de Evaluación Global de Naciones Unidas establece que el riesgo es cada vez más complejo y sistémico, y que las pérdidas alcanzan los 2.3 billones de dólares anuales. Aunque se ha logrado reducir la mortalidad global, las pérdidas económicas continúan en aumento, comprometiendo la estabilidad financiera de los países. En este contexto, los informes internacionales advierten que el riesgo ya no es solo climático, sino el resultado de crisis interconectadas que se refuerzan mutuamente.
Mientras que los daños directos a infraestructuras son fácilmente medibles, las pérdidas indirectas -como la erosión de ingresos fiscales, la disrupción de cadenas productivas y el retroceso en el desarrollo humano – resultan menos visibles, pero mucho más profundas y persistentes. Esto nos obliga a cambiar el enfoque: no podemos seguir reaccionando, tenemos que anticiparnos.
En la República Dominicana, esta realidad es tangible. Como Pequeño Estado Insular, estamos expuestos a huracanes, inundaciones, sequías, sismos y a los efectos acumulativos de fenómenos climatológicos. Este país figura entre los más afectados por eventos climáticos según el Global Climate Risk Index del Germanwatch Institute, ocupando el puesto 37 entre 173 naciones evaluadas.
El riesgo de desastres compromete alrededor del 0.8 % del PIB anual, y tenemos más de 335 mil millones de dólares en capital expuesto, de los cuales el 62 % corresponde a vivienda. Según el Banco Mundial, las pérdidas en el consumo superan los daños directos a los activos, afectando directamente la capacidad de recuperación. Esto implica que el riesgo de desastres no solo es un problema territorial, sino un determinante directo de la sostenibilidad fiscal del país, al generar presión sobre el gasto público y la necesidad de reasignar recursos tras cada evento.
El riesgo no se distribuye de manera homogénea en el territorio. En las zonas rurales, especialmente en áreas de inundación, riberas de ríos y cañadas, la menor resiliencia está asociada al predominio de viviendas frágiles. En el Gran Santo Domingo, aunque existe una mayor capacidad estructural por el uso extendido de concreto reforzado, la vulnerabilidad se expresa de otra forma: inundaciones urbanas recurrentes derivadas de la pérdida de permeabilidad del suelo y de sistemas de drenaje pluvial insuficientes. En ambos casos, queda claro que la vulnerabilidad no es casual, sino el resultado de cómo ocupamos, transformamos y gestionamos el territorio.
Pero hay algo aún más importante: la crisis climática no es una amenaza lejana. Es una realidad que ya se siente en el día a día de los dominicanos. Hoy vemos eventos de lluvia que en cuestión de minutos generan inundaciones severas, con impactos directos en la movilidad, en las viviendas y en la actividad económica. Hemos vivido en la capital, durante dos años consecutivos, situaciones donde los niveles de alerta pasaron de verde a rojo en muy poco tiempo. Y recientemente lo hemos visto también en el Cibao. Eventos recientes como el huracán Fiona y las inundaciones urbanas han generado pérdidas económicas relevantes, afectando infraestructura, producción y miles de hogares, evidenciando el alto costo de la no resiliencia y no anticipar el riesgo. De acuerdo con el Banco Mundial, “si no aceleramos la acción climática, las pérdidas podrían alcanzar entre un 4 % y un 5 % del PIB hacia 2030”.
Cuando bajamos al nivel sectorial, la vulnerabilidad es aún mayor. Cerca del 35 % del parque habitacional presenta condiciones de riesgo. Más del 60 % de la red vial está expuesta a amenazas climáticas. En agricultura, aproximadamente el 25 % de la superficie cultivada se encuentra en zonas susceptibles a inundación o sequía. Y en agua y saneamiento, más del 50 % de los sistemas presenta vulnerabilidad frente a eventos extremos.
Frente a esta realidad, hay una verdad central: el riesgo no es natural, es una construcción social y territorial. Y si se construye, se puede corregir.
Por eso, el ordenamiento territorial se convierte en la herramienta más poderosa de prevención que tiene el Estado. Con la Ley No. 368-22 hemos pasado de un vacío histórico a dar los pasos iniciales para organizar el territorio desde el nivel nacional hasta el municipal, en el marco de un proceso sostenido de implementación, fortalecimiento institucional y desarrollo de instrumentos de ordenamiento. Esta ley es uno de los legados más importantes de esta gestión de gobierno, porque establece las bases para un desarrollo ordenado, seguro y sostenible en las próximas décadas.
Hoy estamos decidiendo dónde es seguro construir, dónde debemos proteger nuestras cuencas y cómo nuestras infraestructuras deben resistir fenómenos extremos. A través de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial, que son ahora instrumentos obligatorios, estamos integrando estudios de riesgo, microzonificación sísmica y mapas de inundación para garantizar que el crecimiento urbano no genere nuevas vulnerabilidades.
Esto no es solo ordenamiento, es planificación y gobernanza multinivel. Estamos alineando planificación, inversión pública, inversión privada, participación, demanda territorial y 2 niveles de gobierno en una sola lógica. Además, avanzamos hacia la integración de sistemas de información y plataformas interoperables que permiten una gestión coordinada del territorio y del riesgo a nivel nacional. Esto nos permite estar en la capacidad de reducir en el mediano plazo entre un 30 % y un 50 % de las pérdidas evitables por desastres y aportar entre 0.3 % y 0.5 % adicional al PIB.
Pero ordenar el territorio exige información precisa. Por eso estamos impulsando el mayor salto de la información geoespacial en la historia del país. Con vuelos fotogramétricos y tecnología LIDAR vamos a generar cartografía de alta precisión de la totalidad del territorio de la República, incluyendo cobertura urbana de alta resolución, lo que constituye uno de los programas nacionales de cartografía de mayor escala actualmente en desarrollo en la región del Caribe, que nos permitirá modelar el territorio y entender el riesgo con rigor científico.
Sobre esta base, estamos impulsando y poniendo en práctica el uso de modelos matemáticos de inundación fluvial, pluvial y costera, que permiten simular escenarios, anticipar impactos y tomar decisiones antes de que el riesgo ocurra, apoyados en estándares internacionales.
Un componente clave de este esfuerzo es la gestión integral de la cuenca del río Yuna. Esta cuenca ocupa cerca del 11 % del territorio nacional, concentra el 16 % del área irrigada del país y produce aproximadamente el 60 % del arroz dominicano, involucrando a más de 150,000 personas en la producción y 100,000 en su procesamiento y comercialización. En este territorio, junto al INDRHI, se ejecuta un proyecto estratégico que incluye el sistema DATACLIM y la ampliación de una red nacional de estaciones pluviométricas e hidrométricas – cientos de estaciones, fortaleciendo el monitoreo en tiempo real y la capacidad de anticipación para proteger la seguridad alimentaria del país.
Este esfuerzo se enmarca en una visión más amplia de acción climática. La nueva Contribución Nacionalmente Determinada incorpora medidas de adaptación en sectores que representan más del 35 % del PIB nacional, con más de 150 metas específicas en sectores clave como agua, agricultura, infraestructura, turismo y ecosistemas. Este instrumento integra la gestión del riesgo como eje transversal, articulando la acción climática con el ordenamiento territorial y la planificación pública.
Al mismo tiempo, hemos fortalecido la capacidad de respuesta del Estado. La incorporación de radares Doppler por parte del IDAC – 3 nuevos de alta tecnología en Puerto Plata, Punta Cana y Las Américas, y la transformación institucional hacia INDOMET han elevado significativamente la precisión de las alertas tempranas. Y mediante el Bono de Emergencia, hemos podido proteger a miles de hogares afectados, garantizando una respuesta más humana y oportuna.
Por otro lado, continuamos fortaleciendo y modernizando su modelo de seguridad ciudadana y respuesta a emergencias mediante la expansión de las capacidades tecnológicas del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1.
Aprovechando la sólida infraestructura de cámaras, centros de monitoreo y plataformas tecnológicas ya existentes, el país procura avanzar hacia una nueva etapa basada en Inteligencia Artificial, análisis avanzado de video y herramientas de ciudades inteligentes (Smart City). Esta evolución permitirá́ continuar con las mejoras de los sistemas tradicionales de vigilancia en plataformas inteligentes capaces de interpretar eventos, generar alertas automáticas y apoyar la toma de decisiones en tiempo real.
Como parte de esta estrategia, el Sistema 9-1-1 desarrolla una alianza tecnológica con NVIDIA, integrando infraestructura de procesamiento GPU de alto rendimiento, analítica avanzada de video y modelos de inteligencia artificial multimodal. Esta iniciativa permitirá́ ampliar progresivamente la capacidad operativa del país, pasando de miles de cámaras monitoreadas de forma convencional a una plataforma nacional de análisis inteligente capaz de detectar incidentes de tránsito, situaciones de emergencia, riesgos ambientales y eventos de seguridad pública de manera automatizada.
La incorporación de tecnologías avanzadas como Digital Twins, simulaciones urbanas y analítica basada en Inteligencia Artificial permitirá́ anticipar escenarios críticos, optimizar la coordinación interinstitucional y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y eventos de alto impacto. En conjunto, estas iniciativas posicionaran a la República Dominicana como uno de los países líderes de la región en la implementación de soluciones de Inteligencia Artificial aplicadas a la seguridad ciudadana y al desarrollo de ciudades inteligentes.
Todo esto ya no son iniciativas aisladas. Es un verdadero sistema país que articula el ordenamiento territorial, la información geoespacial, el monitoreo climático y la respuesta institucional, respaldado por financiamiento estratégico nacional e internacional y bajo la conducción del Ministerio de la Presidencia, que asegura coordinación en la gestión del riesgo.
La resiliencia no es un concepto abstracto. Es una decisión de política pública. Es integrar el riesgo en cada inversión, en cada proyecto y en cada decisión del Estado. Hoy tenemos que decidir qué país queremos ser: uno que reconstruye después del desastre o uno que lo evita.
Invertir en ordenamiento territorial, en información geoespacial, en tecnología para el manejo y gestión de datos y en el conocimiento de nuestras cuencas no es un gasto ni una opción, es una inversión estratégica que reduce pérdidas futuras, protege vidas, defiende nuestra economía y su crecimiento y garantiza un desarrollo sostenible.
La República Dominicana está dando un paso firme hacia un modelo basado en la anticipación, la planificación y la protección. Ese es el camino correcto. Y ese es el compromiso que hoy reafirmamos. Porque prevenir no solo cuesta menos: prevenir define el futuro del país. Muchas gracias.
Paliza: “tenemos que decidir entre ser un país que reconstruye después del desastre o uno que lo evita”.
El Gobierno impulsa ordenamiento territorial, inteligencia artificial y tecnología geoespacial para fortalecer la prevención y la respuesta ante emergencias.
Aseguró este martes que la gestión de riesgos debe consolidarse como una política de Estado orientada a la prevención, la planificación y la resiliencia, ante el impacto creciente de los fenómenos climáticos y los desafíos ambientales que enfrenta la República Dominicana, al considerar que los fenómenos climáticos representan una de las mayores amenazas para la sostenibilidad económica y social del país.
Al participar en la Conferencia Magistral “Prevención 360” encabezado por la vicepresidenta, Raquel Peña, Paliza abordó el tema “Gestionando Riesgos: Una política de Estado para el futuro”, donde afirmó que “los desastres naturales ya no son eventos aislados; sino interrupciones sistémicas capaces de afectar el crecimiento, las finanzas públicas y la calidad de vida de miles de familias dominicanas”.
Explicó que, por su condición de Pequeño Estado Insular, el país enfrenta una alta vulnerabilidad ante huracanes, inundaciones, sequías, sismos y fenómenos climatológicos, situación agravada por el cambio climático.
“Eventos recientes como el huracán Fiona y las inundaciones urbanas han generado pérdidas económicas relevantes, afectando infraestructura, producción y miles de hogares, evidenciando el alto costo de la no resiliencia y no anticipar el riesgo. De acuerdo al Banco Mundial, si no aceleramos la acción climática, las pérdidas podrían alcanzar entre un 4 % y un 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2030”, indicó.
Como parte de las soluciones impulsadas por el Gobierno, el ministro Paliza destacó la implementación de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, la cual permite organizar el crecimiento urbano y establecer las bases para un desarrollo ordenado, seguro y sostenible en las próximas décadas.
“Hoy estamos decidiendo dónde es seguro construir, dónde debemos proteger nuestras cuencas y cómo nuestras infraestructuras deben resistir fenómenos extremos. A través de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial, que son ahora instrumentos obligatorios, estamos integrando estudios de riesgo, microzonificación sísmica y mapas de inundación para garantizar que el crecimiento urbano no genere nuevas vulnerabilidades”, manifestó.
Paliza agregó que se ha fortalecido la capacidad de respuesta del Estado con la incorporación de radares Doppler por parte del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)-tres nuevos de alta tecnología en Puerto Plata, Punta Cana y Las Américas y la transformación institucional hacia INDOMET han elevado significativamente la precisión de las alertas tempranas y mediante el Bono de Emergencia, se ha podido proteger a miles de hogares afectados, garantizando una respuesta más humana y oportuna.
“Además, continuamos fortaleciendo y modernizando el modelo de seguridad ciudadana y respuesta a emergencias mediante la expansión de las capacidades tecnológicas del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1. Aprovechando la sólida infraestructura de cámaras, centros de monitoreo y plataformas tecnológicas ya existentes, el país procura avanzar hacia una nueva etapa basada en Inteligencia Artificial, análisis avanzado de video y herramientas de ciudades inteligentes (Smart City)”, precisó.
Como parte de esta estrategia, Paliza sostuvo que el 9-1-1 desarrolla una alianza tecnológica con NVIDIA, integrando infraestructura de procesamiento GPU de alto rendimiento, analítica avanzada de video y modelos de inteligencia artificial multimodal, lo que permitirá optimizar la detección de incidentes y la toma de decisiones en tiempo real.
Paliza sostuvo que estas iniciativas forman parte de un “sistema país” orientado a integrar la gestión del riesgo, la planificación territorial y la acción climática como ejes estratégicos del desarrollo sostenible.
“El riesgo no es natural, es una construcción social y territorial. Y si se construye, se puede corregir”, expresó el funcionario al reafirmar el compromiso del Gobierno con la prevención y la resiliencia.
Finalmente, aseguró que invertir en ordenamiento territorial, tecnología e información geoespacial no representa un gasto, sino una inversión estratégica para proteger vidas, reducir pérdidas económicas y garantizar el futuro del país.
Sobre la jornada
El evento, realizado en la Sala Manuel Rueda, en la Plaza Iberoamérica, estuvo enfocada en los riesgos sísmicos y climáticos que enfrenta República Dominicana, uno de los países con mayor vulnerabilidad ante terremotos, huracanes e inundaciones en el Caribe.
Contó con la participación del director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, así como del geógrafo Marcelo Lagos, el meteorólogo John Morales y la psicóloga ambiental Laís Pinto De Carvalho, quienes abordaron distintos enfoques sobre gestión del riesgo, fenómenos atmosféricos y comportamiento humano ante situaciones de crisis.
La realización de “Prevención 360” ocurre en un contexto donde los fenómenos climáticos extremos y los riesgos sísmicos generan creciente preocupación en el Caribe.
Como parte de las soluciones impulsadas por el Gobierno, el ministro Paliza destacó la implementación de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, la cual permite organizar el crecimiento urbano y establecer las bases para un desarrollo ordenado, seguro y sostenible en las próximas décadas.
“Hoy estamos decidiendo dónde es seguro construir, dónde debemos proteger nuestras cuencas y cómo nuestras infraestructuras deben resistir fenómenos extremos. A través de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial, que son ahora instrumentos obligatorios, estamos integrando estudios de riesgo, microzonificación sísmica y mapas de inundación para garantizar que el crecimiento urbano no genere nuevas vulnerabilidades”, manifestó.
Paliza agregó que se ha fortalecido la capacidad de respuesta del Estado con la incorporación de radares Doppler por parte del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)-tres nuevos de alta tecnología en Puerto Plata, Punta Cana y Las Américas y la transformación institucional hacia INDOMET han elevado significativamente la precisión de las alertas tempranas y mediante el Bono de Emergencia, se ha podido proteger a miles de hogares afectados, garantizando una respuesta más humana y oportuna.
“Además, continuamos fortaleciendo y modernizando el modelo de seguridad ciudadana y respuesta a emergencias mediante la expansión de las capacidades tecnológicas del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1. Aprovechando la sólida infraestructura de cámaras, centros de monitoreo y plataformas tecnológicas ya existentes, el país procura avanzar hacia una nueva etapa basada en Inteligencia Artificial, análisis avanzado de video y herramientas de ciudades inteligentes (Smart City)”, precisó.
Como parte de esta estrategia, Paliza sostuvo que el 9-1-1 desarrolla una alianza tecnológica con NVIDIA, integrando infraestructura de procesamiento GPU de alto rendimiento, analítica avanzada de video y modelos de inteligencia artificial multimodal, lo que permitirá optimizar la detección de incidentes y la toma de decisiones en tiempo real.
Paliza sostuvo que estas iniciativas forman parte de un “sistema país” orientado a integrar la gestión del riesgo, la planificación territorial y la acción climática como ejes estratégicos del desarrollo sostenible.
“El riesgo no es natural, es una construcción social y territorial. Y si se construye, se puede corregir”, expresó el funcionario al reafirmar el compromiso del Gobierno con la prevención y la resiliencia.
Finalmente, aseguró que invertir en ordenamiento territorial, tecnología e información geoespacial no representa un gasto, sino una inversión estratégica para proteger vidas, reducir pérdidas económicas y garantizar el futuro del país.
El evento, realizado en la Sala Manuel Rueda, en la Plaza Iberoamérica, estuvo enfocada en los riesgos sísmicos y climáticos que enfrenta República Dominicana, uno de los países con mayor vulnerabilidad ante terremotos, huracanes e inundaciones en el Caribe.
Contó con la participación del director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, así como del geógrafo Marcelo Lagos, el meteorólogo John Morales y la psicóloga ambiental Laís Pinto De Carvalho, quienes abordaron distintos enfoques sobre gestión del riesgo, fenómenos atmosféricos y comportamiento humano ante situaciones de crisis.
La realización de “Prevención 360” ocurre en un contexto donde los fenómenos climáticos extremos y los riesgos sísmicos generan creciente preocupación en el Caribe.
