Medio Ambiente inicia proceso para transparentar operaciones de minería no metálica
SANTO DOMINGO.- (PRENSA MEDIO AMBIENTE). Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sostuvieron un encuentro con empresarios del sector de la minería no metálica, que han solicitado licencias ambientales entre los años 2017 al 2019, que producto de la Resolución No. 0001/2017 quedaron sin efecto, ni posibilidad de extracción o explotación de materiales de la corteza terrestre y se encontraban en procesos de evaluación para realizar este tipo de trabajo.
El encuentro, encabezado por el ministro Orlando Jorge Mera, se realizó para socializar los mecanismos que serán implementados para aumentar la transparencia de las operaciones y hacer más eficientes los procesos internos para la emisión de los permisos y licencias ambientales relacionados con la extracción de arena, grava, gravilla y piedra caliza, materiales usados en la industria de la construcción y afines.
La reunión se enmarca en el cumplimiento de la Resolución 0009/2021, emitida por la presente gestión, que puntualiza el procedimiento para otorgar autorizaciones ambientales en ese sector, a fin de lograr una política integral en torno a las operaciones de extracción de materiales de minería no metálica fuera de los cauces de los ríos (canteras secas) y crear una acertada regulación para la extracción, manejo y transporte.
“Hay lugares donde, increíblemente, de 7 de la noche a 7 de la mañana se hace este tipo de actividad de manera ilegal y ustedes saben que estamos en un proceso de aplicación de la ley y no queremos que gente que hace su actividad de manera ordinaria y de manera normal se vea afectado por las actividades que otros hacen de forma ilegal”, subrayó el ministro.
Asimismo, indicó que con la Resolución 0009/2021 se cumplen los requerimientos de la ley 64-00, en su artículo 18, que le otorga al Ministerio de Medio Ambiente el poder para elaborar políticas ambientales, planificar y establecer normas de administración para el aprovechamiento y conservación de los ecosistemas y las riquezas naturales nacionales.
Jorge Mera solicitó el apoyo de los representantes de las 472 empresas y personas físicas que se dedican a la extracción y procesamiento para que caminen junto a las autoridades hacia la sostenibilidad ambiental de esas actividades.
Además, afirmó que los objetivos que se persiguen podrán ser alcanzados presentando estudios ambientales de calidad, ejecución de los proyectos mineros supervisados por técnicos capacitados y entregando informes de cumplimiento ambientales preparados por los consultores que se contraten para realizar diversos tipos de estudios.
“El objetivo nuestro es que en este año 2022 hagamos esto una realidad. Vamos, en primer lugar, a renovar las licencias ambientales de las personas que cumplan con esto para que guarden relación con los permisos mensuales que se otorgan y vamos a tener un grado de fiscalización de esas actividades, esperamos de ustedes tener el reconocimiento de que en esta tarea necesitamos esta doble vía”, manifestó el ministro.
También, explicó que fruto de las extracciones indiscriminadas de los materiales de la corteza terrestre, muchos ríos y otras fuentes de agua están siendo impactados de manera negativa, siendo necesario proteger este bien fundamental para todos los seres vivos.
Destacó que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales diseñó una plataforma que, próximamente, entrará en operación la cual permitirá descongestionar el proceso de permisología ambiental, aumentar y eficientizar el seguimiento a los proyectos y sintetizar el reporte de estas operaciones reduciendo el tiempo de respuesta.
Expresó, además, que a través de este instrumento las empresas del sector podrán realizar el pago de las tarifas ambientales y/o permisos y podrán regularse desde sus oficinas.
El ministro resaltó que se han dado las instrucciones de lugar para que en el más breve plazo sea actualizado el compendio de leyes, normas y reglamentos que regulan estas actividades, en consulta con los actores del sector y las instituciones involucras para tener reglas de juego claras y tener la seguridad jurídica que permita asegurar estas inversiones y, por tanto, crear más fuentes de empleos.
