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Resumen Turismo

Informe Royal Bank: Crisis golpea con fuerza a la RD

El impacto de la crisis internacional en República Dominicana ha sido fuerte, según un informe sobre la economía dominicana de The Royal Bank of Scotland (RBS).
El informe, elaborado en el marco de estrategia de los mercados locales de América Latina, prevé que la economía dominicana sólo crecerá 0.6 por ciento en el presente año.
El informe, dado a conocer 29 de julio pasado, indica que como resultado del impacto de la crisis internacional, el  total de ingresos  fiscales se redujo  15% en los primeros cuatro meses del año y estima que al final de año  la presión tributaria bajará a 13.5 por ciento del PIB, inferior al 15.8 por ciento de 2008.
A pesar de un difícil panorama fiscal, se encuentra por defecto en la República Dominicana poco probable. De ancho se extiende sobre su deuda soberana frente a sus pares regionales y clasificación de captura probablemente esta debilidad, así como su relativamente frágil posición de liquidez externa.
También resalta el informe que en el primer trimestre del año  las exportaciones se redujeron  en  24%, los ingresos del turismo en un 8%, las remesas en 7 por ciento y el flujo de inversión directa en  40%.
El informe explica que para un país con un índice de apertura que bordea el 75%, esos resultados  no son  sorprendentes.
En cuanto a la deuda del gobierno central, el informe del RBS estima que aumentará a alrededor de 27 por ciento del PIB 2009, superior al 24.5 por ciento de 2008. Sobre este tema, el informe plantea la posibilidad de que en el futuro aparezcan como deuda oficial pasivos que no están cuantificados como parte de la deuda del gobierno central.
El informe estima que estos pasivos ascienden a unos 3,300 millones de dólares, equivalentes a un 8 por ciento del PIB, que si se suman a la deuda del gobierno central registrada, colocarían la deuda del sector público en un 35 por ciento del PIB.
Estos pasivos incluyen la deuda con el sector eléctrico. El informe  plantea que el gobierno adquirió las acciones privadas de Ede Este por 29 millones de dólares, pero también asumió una deuda de esa empresa estimada en   525 millones de dólares), aunque explica que las autoridades no han publicado  la   auditoría hecha  a Ede Este.
En cuanto a los atrasos de los pagos en el sector eléctrico, el informe que,  según el CDEEE, el gobierno tiene un deuda de 700 millones de dólares con  los generadores de electricidad.
Señala que esta deuda es de  difícil gestión, y recuerda que el año pasado el gobierno emitió 250 millones de dólares  en valores a los generadores de electricidad para cubrir parte de los atrasos en los pagos. Espera que el gobierno emita otros  valores gubernamentales.
El informe también se refiere a la deuda que tiene el gobierno con otros  proveedores. Señalada, apoyado en informaciones ofrecidas por fuentes locales, que el gobierno   ha corrido las cuotas atrasadas a diferentes proveedores por una suma de alrededor de  1,200 millones de pesos.
Aunque indica que  las autoridades tienen una cierta flexibilidad en la liquidación de dichos atrasos; también se da el caso de   proveedores que están cobrando una prima (descontando los retrasos en los pagos) en sus ofertas en las licitaciones públicas.
El informe también se refiere a la deuda externa del Banco Central a través de los bonos Brady y  con el FMI,  cuyo servicio depende de las reservas internacionales, lo que pone más tensión sobre  la posición de liquidez externa del país. (HO-1E)

Julio Cury cree Contraloría no cumple su papel

Julio Cury denunció  que la Contraloría General de la República no está cumpliendo con su rol  de fiscalizar “la adecuada inversión de recursos públicos”.
El jurista consideró que este descuido en la supervisión del gasto  podría dar lugar a que se produzcan irregularidades administrativas.
Estimó  como “un absurdo jurídico” alegar que pueden registrarse tardíamente contratos que impliquen egresos de fondos públicos, pues aparte de que malogra el control interno que persigue transparencia, confiabilidad y legalidad, le impide a la propia Contraloría comprobar la existencia de apropiación disponible para cubrir los compromisos contraídos”.  (HO-4)

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