Industriales piden destitución del vicepresidente de la CDEEE
La Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) y de la Federación de Asociaciones de Industrias (FAI) pidieron al presidente Leonel Fernández la destitución del vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Radhamés Segura, y de los demás funcionarios del gabinete eléctrico por entender que han sido “un fracaso rotundo” en la búsqueda de soluciones a los problemas del servicio energético nacional.
Manuel Cabrera, de la AEIH, e Ignacio Méndez, de la FAI, proclamaron en un comunicado conjunto que “ya basta de la politiquería clientelista y rentista que bloquea las salidas hacia una industria eléctrica estable, eficiente y con un servicio a precios competitivos.”
Junto con el industrial Ernesto Vilalta expresaron su apoyo a las declaraciones del ex presidente del CONEP, Celso Marranzini, en el sentido de que la CDEEE debe ser revisada de arriba a abajo después del escándalo de nepotismo y corrupción en el Programa de Reducción de Apagones (PRA).
Dijeron que en la Cumbre de Unidad Nacional la única mesa de trabajo que no ha aportado nada es la del sector eléctrico. (LD-1D/EC-26).
El sector energético gasta más que antes
Los representantes del sector privado y de organismos internacionales mantienen constantes reclamos al Gobierno para que haga cumplir la Ley General de Electricidad 125-01 como paso fundamental para lograr la solución de la crisis energética que afecta al país.
La necesidad de que se hagan licitaciones para la compra y venta de energía, que los costos y precio de la tarifa se adapten a los valores reales, que se castigue el fraude y que las empresas de distribución mejoren la facturación y cobros, son partes de la Ley 125-01 que no se cumplen.
La única parte de esa legislación en que las autoridades han sido diligentes para cumplir es en cuanto a la división burocrática, no institucional, de las empresas estatales que componen el mercado energético.
Es así como la CDEEE sólo tiene a su cargo la administración de la Unidad de Electrificación Rural (UERS) y el Programa de Reducción de Apagones (PRA), mientras que las empresas de Generación Hidroeléctrica EGEHID y de Transmisión (ETED) ahora son dos unidades “independientes” en cuanto la composición de su nómina de empleados, así como las estatales empresas distribuidoras Edenorte y Edesur.
Hasta el año 2001 la antigua CDE agrupaba a todas esas empresas, más la distribuidora del Este en un monopolio estatal que ahora sigue siendo prácticamente igual, pero con la diferencia de que su burocracia de empleados y consecuente gasto de nómina es mucho mayor.
Según el informe de desempeño del sector eléctrico nacional, a febrero de este año la empresa Edenorte registraba 2,291 empleados, Edesur tiene 1,942, mientras que la CDEEE tiene una nómina de 2,840 trabajadores, EGE-HID cuenta con 962 y ETED 827, para un total de 8,862 “servidores públicos”.
A esa cantidad habría que agregar los empleados de las diversas empresas contratistas que prestan servicios a las distribuidoras Edenorte y Edesur.
Los empleados de la CDEEE incluyen a poco más de 1,600 trabajadores que sirven en el PRA y la Unidad de Electrificación Rural (UERS).
El reporte indica que la distribuidora EdeEste, de capital mixto (50% estatal y 50% sector privado) tenía 1,287 empleados a febrero.
Aunque hay diferencias de costos, el gasto en pago de salarios del gabinete energético estatal se ha elevado de una manera extraordinaria en los últimos seis años.
El reporte oficial indica que el gasto en pago de salarios de la CDEEE, más la empresa de Transmisión y la Hidroeléctrica asciende a 296.7 millones mensual.(LD-1D).
