Industriales demandan gobierno explique violación DR-CAFTA
El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Manuel Cabrera, demandó ayer una explicación de las autoridades competentes sobre las razones por las que se permite el ingreso al país de mercancías procedentes de Centroamérica, cuya importación implica una violación al DR-Cafta.
Cabrera fue consultado sobre la denuncia publicada ayer en esta sección económica, de que al país ingresan mercancías producidas bajo regímenes especiales, que son declaradas a precios de dumping, además de que se están cambiando las normas de origen.
Al respecto, respondió que el sector industrial espera de las autoridades una explicación de lo que está ocurriendo.
Agregó que los centroamericanos obligan a los exportadores dominicanos a cumplir el Tratado de Libre Comercio, por lo que, igualmente, los dominicanos no debemos permitir que ingrese al país mercancía producida en Centroamérica que no cumplan con lo establecido en el tratado.
Entre los productos afectados por las violaciones al TLC están envases plásticos y de vidrio, sacos, alambres eléctricos, medias y calzados, lácteos y otros.
Cabrera recordó que Aduanas dispuso el 26 de diciembre de 2008 reliquidar las mercancías producidas en Centroamérica bajo regímenes especiales que ingresaron sin pagar impuestos.
No obstante, el secretario de Industria y Comercio estableció en una carta del 29 de mayo pasado que el Estado estaba en el deber de cobrar los aranceles correspondientes a los bienes producidos bajo regímenes especiales, y de la disposición del director general de Aduanas.
En cuanto a la información de que se habría firmado un acuerdo secreto entre la Dirección de Comercio Exterior de Guatemala y su homóloga dominicana para cambiar las normas del TLC, Cabrera recordó que esos organismos carecen de facultad para modificar el Tratado. (HO-1E)
Asamblea rechaza que el Congreso nombre gobernador BC
La Asamblea Revisora de la Constitución rechazó atribuir al Congreso la facultad de ratificar el nombramiento del Gobernador del Banco Central, así como aprobar o desaprobar a los miembros de la Junta Monetaria que no sean ex oficio, de las ternas presentadas por el Poder Ejecutivo.
Los asambleístas ponderaron la pertinencia de que el Congreso asuma estas funciones que son exclusivas del Poder Ejecutivo, alegando que podrían interferir con la política monetaria y financiera de la nación. Estas disposiciones estaban contenidas en el numeral cuatro articulo 68 y el numeral ocho del artículo 80.
La Asamblea sancionó como atribución del Congreso “votar el proyecto de presupuesto del Estado correspondiente al año siguiente, así como los gastos extraordinarios para los cuales solicite un crédito el Poder Ejecutivo”. (DL-1)
