Hoteleros de PC denuncian intento de instalar club de playa ilegal en su complejo

Los propietarios de los dos hoteles de la marca Vik que operan en Punta Cana presentaron una querella por ocupación y uso ilegal de terrenos del complejo turístico, con guardines armados, para fines ajenos a la empresa, acción que crea múltiples problemas al funcionamiento de estos establecimientos.

La sociedad comercial, Inversiones PC&C (PCC), propietaria del complejo hotelero expuso ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, que el señor Juan Ramón Fernández Abiega, socio minoritario del complejo hotelero, realiza esta y otras actividades ilícitas para presionar a los socios mayoritarios a que compren las acciones que tiene en la empresa a un precio arbitrario que no guarda relación con el valor de mercado de la propiedad.
Fernández vendió en el año 2007 a la hotelera PCC la propiedad en cuyo frente de playa ha iniciado el desarrollo de un club de playa para favorecer otras empresas de su propiedad que tienen inversiones inmobiliarias próximas al complejo hotelero, y en adición reclama una servidumbre de paso para facilitar el acceso a la instalaciones ilegales que pretende establecer en la playa.
El consejo de abogados de PCC explica que todas estas presiones se iniciaron en el 2008 cuando la empresa se enteró que Fernández no había completado la transferencia de una porción de la propiedad adquirida, y que además esta había sido hipotecada a un banco y este se quedaría con ese terreno porque la deuda de US$400 mil no había sido saldada.
Destacó que para para superar esa situación los accionistas mayoritarios de PCC decidieron pagar la deuda y Fernández se comprometió bajo contrato a completar el traspaso del terreno a PCC, compromiso que no ha cumplido ha pesar de que han transcurrido nueve años del caso y diez de la compra.
El Consejo de Abogados de PCC integrado por Luis Rivas, Jesús Almánzar y Raúl Corporán, por esta y otras acciones interpuso una acusación privada con constitución en actor civil contra Juan Ramón Fernández Abiega por el “uso ilegal, abusivo, arbitrario y sin consentimiento” de un terreno frente a la playa propiedad de la referida empresa.
La acción penal se fundamenta en lo previsto en el artículo 479 de la Ley General de Sociedades, que penaliza el uso de bienes de una sociedad comercial por parte de sus administradores sin el consentimiento de ésta, para favorecer empresas en las que quienes actúan tengan un interés directo o indirecto. Fernández como accionista minoritario es parte del consejo de PCC y las empresas que se benefician de sus actividades ilegales son de su propiedad.
De acuerdo al documento acusatorio presentado en el tribunal, Fernández ha procedido a “usar o intentar usar de manera arbitraria, ilegal, abusiva y sin el consentimiento de Inversiones PC & C, una porción de terreno propiedad de dicha empresa, en la que ha construido infraestructuras de madera y colocado sillas de playa para que sean utilizadas por los inquilinos de un proyecto residencial personal que posee en las inmediaciones”.
Mantiene además un personal de seguridad privada que le impide a los huéspedes del complejo y a PCC –dueña legítima- el uso de la referida propiedad, restringiéndoles su derecho de propiedad e impidiendo la realización de trabajos dentro de ésta área necesarios para las actividades del complejo turístico.
Juan Ramón Fernández Abiega es propietario del 30% de las acciones de la PCC, propietaria de uno de los dos hoteles Vik, pretende utilizar los terrenos ocupados ilegalmente para favorecer a las entidades comerciales Berlina, SRL, y Cayena Golf, SRL, donde tiene un interés directo, y que ha asumido compromisos frente a personas a las que han vñendido propiedades en proyectos inmobiliarios que han incumplido.
Estas acciones de Fernández Abiega en este terreno “interfiere con el desarrollo de las actividades normales y naturales del complejo turístico Vik Hotel Cayena Beach”.
Demandas arbitrarias
El Consejo de Abogados explica que la empresa PCC y sus socios mayoritarios han decidido querellarse después de un largo período tratando de alcanzar un arreglo amigable, porque están cansados de las demandas arbitrarias, de Fernández para obligar a los socios a comprar sus acciones a un precio antojadizo, o a aceptar imposiciones a las que no están en obligación de acceder.
Una de sus pretensiones es lograr un paso de servidumbre a través del hotel, que imposibilitaría mantener la seguridad de los huéspedes y del complejo. Además, pretende una permuta de terrenos a cambio de un predio pantanoso sin valor comercial basándose en un supuesto contrato firmado por él y los antiguos dueños del hotel, del cual los propietarios actuales nunca fueron informados.
Otras formas de presión han sido una querella penal sin fundamento jurídico contra la Presidente y el Gerente General, para escandalizar en los medios de comunicación, por supuestamente ocultar un documento y diversas intimaciones conteniendo amenazas, por ejemplo una sobre cortar los servicios de aguas residuales.
Adicionalmente, ha hecho amenazas a los trabajadores, ha puesto guardias de seguridad armados en la playa dentro de las instalaciones del HOTEL CAYENA BEACH CLUB, sumiendo en un estado de intranquilidad a todo un complejo hotelero y su personal, y desconociendo las leyes y derechos.