¿De quién se burla Canoa?
Caso Canoa pone a prueba capacidad de jueces para proteger a los ciudadanos de los abusos
Por Manuel Quiterio Cedeño
La audiencia preliminar del próximo 15 de marzo contra Gabriel Mora (Canoa), alcalde del Distrito Municipal Cabarate, pondrá a prueba la el temple de los jueces de Puerto Plata frente al poder político y la capacidad de los mecanismos institucionales existentes para detener los desafueros del poder político que están creando una situación insostenible en una próspera comunidad turística.
El proceso fue iniciado por la Asociación para el Desarrollo de Cabarete (ADECA) que presentó una acusación penal en el Juzgado de Instrucción de Puerto Plata en la que solicita que el Director de la Junta Distrital de Cabarete sea condenado a dos años de prisión correccional e inhabilitado para cargos públicos por violación a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
La principal característica de la red económica de Cabarete es la extendida presencia de pequeñas y medianas empresas turísticas y de comercio. La misma Asociacion para el Desarrollo de Cabarete (ADECA) que ha desafiado a Canoa, es una organización de pequeños y medianos empresarios.
El impacto del caso Canoa-Adeca ya se siente porque los empresarios e inversionistas de esta comunidad dan señales de estar atemorizados y se parapetan detrás de la Asociación, pero sin dar la cara porque desconfían de los mecanismos institucionales, y entienden que si se entrega la comunidad a los desmanes de un cacique político, se estará creando un ambiente insostenible para las inversiones.
En Cabarete existe la creencia de que Canoa no domina bien la escritura ni la lectura y se cabe que es de origen humilde y su escasa formación le impide entender y entenderse con los promotores de un sector como productivo como el turismo, moderno conectado con el primer mundo.
Lo que está ocurriendo en los tribunales de Puerto Plata y Cabarete con Canoa dejó de ser un tema de la agenda local y ha pasado a convertirse en un tema nacional seguido de cerca por medios de comunicación, organizaciones empresariales y las embajadas de los inversionistas extranjeros asentados aquí; y podría convertirse en un termómetro negativo para valorar la institucionalidad y la capacidad del la Costa Norte el país de ser destino de nuevas inversiones.
Esta litis se inició con una petición de entrega de de información pública presentada por ADECA el 12 de enero del 2011, al ayuntamiento de Cabarete, en la cual solicitaba la información contable sobre ingresos y egresos, y los contratos firmados por este ayuntamiento. La solicitud de información se apoyaba en la Ley 200-04 Sobre Acceso a la Información pública.
El señor Canoa se negó a atender la solicitud alegando dos días después que asumió como director municipal el 16 de agosto del 2010 y “por tal consecuencia y razones lógicas, la ley 200-2004 no me obliga a emitir, a otorgar o brindar informaciones que no estaban en mi posesión ni bajo mi control.”
Al no recibir la información solicitada, el 10 de marzo del 2011 ADECA presentó un recurso de amparo en la Primera Sala de la Cámara Civil del Departamento Judicial de Puerto Plata. Esta corte falló el 6 de abril ordenando Canoa y a la Junta Distrital “rendir toda la información pública requerida” y le concedió un plazo improrrogable de cinco días para hacerlo. También le impuso una multa (o astreinte) de RD$2,000 por cada día sin cumplir la orden del tribunal.
El señor Canoa no obedeció la orden de la corte para entregar la información, razón por la cual en mayo del año pasado ADECA presentó una querella penal contra Canoa por su negativa a cumplir la decisión de la corte, pero la oficina del fiscal de Puerto Plata no tomó ninguna acción.
Ante esta situación la organización decidió emprender acciones como actor civil y solicitó al juzgado de instrucción del Puerto Plata dictar medidas de coerción contra el director del Distrito Municipal de Cabarete como parte del proceso penal iniciado por su desacato a la orden de entregar la información contable y financiera de ese ayuntamiento.
El 5 de enero de este año la magistrada Jakaira Veras del Juzgado de Instrucción del Puerto Plata dictó medidas de coerción contra el director del Distrito Municipal de Cabarete y ordenó la audiencia preliminar para determinar la pertinencia de enviar el caso a juicio de fondo.
Canoa es el primer funcionario público que se burlar de esta emblemática que asegura a los ciudadanos acceso a la información del Estado. Esto ha convertido el caso Canoa-ADECA en un tema de alto interés, porque si los jueces imitan al ministerio público de Puerto Plata para librar al polémico alcalde cuestionado, que tiene otros reclamos pendientes en la Justicia, estarían abriendo una peligrosa brecha en esta importante conquista democrática que debe enorgullecernos a todos.
El artículo 30 de esta ley establece que el “funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria denegare, obstruya o impida el acceso del solicitante a la información requerida, será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años de prisión, así como con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco años”.
Después de incumplir la ley y desobedecer la orden de un tribunal durante meses, dicen que ahora Canoa quiere entregar documentos para evadir el castigo. Si los jueces aceptan que esto lo libra del artículo 30, estarán anulando esta ley estimulando a todos a burlarse de ella al estilo Canoa. También tiene la oportunidad de mostrar que si existen mecanismos para controlar el desenfreno del poder político. Quede claro que la víctima es la sociedad no ADECA.
