Academia de Ciencias y UASD cuestionan aprobación de proyectos privados en tres áreas protegidas
La Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) expresaron su preocupación por lo que consideran una tendencia de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a facilitar espacios en áreas protegidas para proyectos e privados de inversión.
Las entidades señalaron específicamente los casos del Parque Nacional Valle Nuevo, el Monumento Natural Cabo Samaná y el Monumento Natural Isla Catalina.
En el caso de Valle Nuevo, cuestionaron que instalaciones y facilidades de uso público construidas con fondos estatales hayan sido entregadas para su administración a un gestor privado; y señalan que no se han ofrecido suficientes explicaciones públicas sobre las condiciones y el proceso mediante el cual se realizó dicha negociación.
También manifestaron preocupación por el reciente plan de manejo del Monumento Natural Cabo Samaná, al considerar que contempla la posibilidad de desarrollar construcciones e infraestructuras privadas con fines comerciales dentro de la zona núcleo del área protegida.
Las comisiones señalaron además que la propuesta de zonificación de la zona de amortiguamiento entraría en contradicción con la Resolución número 0010/2018 del Ministerio de Medio Ambiente, que establece los usos permitidos en esa zona y que, según las entidades, permanece vigente.
Cuestionan intervención en Isla Catalina
Otro de los casos planteados corresponde al Monumento Natural Isla Catalina, donde, según denunciaron las organizaciones, se ha anunciado la transformación del área en un centro destinado a actividades hoteleras y facilidades turísticas mediante inversión privada.
La Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD afirmaron que desconocen los detalles de esta intervención y cuestionaron que la información haya sido divulgada cuando el proyecto se encontraría en una etapa avanzada.
Las entidades calificaron la situación como un hecho prácticamente consumado y reclamaron mayor información sobre el alcance de la intervención.
Piden cumplimiento de la legislación ambiental
Ambas organizaciones señalaron que los procesos denunciados podrían contravenir disposiciones de la Constitución de la República, en su artículo 16, y de la Ley núm. 202-04 sobre Áreas Protegidas.
Recordaron que la legislación establece que las áreas protegidas, la vida silvestre, las unidades de conservación y los ecosistemas y especies que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas constituyen bienes patrimoniales de la nación, con carácter inalienable, inembargable e imprescriptible.
También citaron el artículo 3 de la Ley 202-04, que establece que los terrenos pertenecientes a las áreas protegidas no pueden ser transferidos en propiedad a particulares, en ninguna circunstancia.
Ante estos señalamientos, la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD reclamaron a las autoridades el cumplimiento de la Constitución y la legislación ambiental, así como la protección del patrimonio natural y cultural del país.
Las entidades solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ofrecer una explicación pública y detallada sobre los procesos relacionados con Valle Nuevo, Cabo Samaná e Isla Catalina, incluyendo los criterios, procedimientos y condiciones bajo los cuales se han promovido o autorizado las intervenciones señaladas.
Las organizaciones reiteraron que las áreas protegidas constituyen un patrimonio colectivo y que su manejo debe garantizar su conservación y protección para las presentes y futuras generaciones.
