Abinader designa comisión de veeduría para licitación de la Autopista del Ámbar
El presidente Luis Abinader dispuso la creación de una Comisión de Veeduría Ciudadana para supervisar el proceso de licitación del proyecto vial conocido como Autopista del Ámbar, una obra considerada estratégica para el desarrollo turístico y la conectividad del norte del país.
La medida está contenida en el Decreto núm. 298-26, firmado el 1 de mayo de 2026, y busca garantizar mayores niveles de transparencia, rendición de cuentas y control social en esta contratación de alto impacto.
El proyecto contempla el diseño y construcción de la carretera que conectará la Circunvalación Norte de Santiago de los Caballeros con la vía Puerto Plata–Sosúa, reforzando el acceso hacia uno de los principales polos turísticos del país.
La comisión estará integrada por Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, junto a Franklin Báez Brugal, Pedro Silverio y José Radhames García González.
Este equipo tendrá la responsabilidad de vigilar, dar seguimiento y monitorear el desarrollo del proceso de licitación, aunque su rol será estrictamente observador, sin intervenir en las decisiones del Comité de Compras y Contrataciones ni en la evaluación de las ofertas.
El decreto establece que la comisión podrá recibir observaciones, denuncias y sugerencias de ciudadanos, proveedores y organizaciones. Asimismo, estará facultada para emitir informes con hallazgos que podrían incorporarse al expediente administrativo del proceso.
Las instituciones involucradas, entre ellas el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Fideicomiso RD Vial, deberán facilitar el acceso a la información conforme a la normativa vigente.
La Autopista del Ámbar es vista como una obra clave para fortalecer la conexión entre la región del Cibao y la costa norte, facilitando el flujo de visitantes hacia destinos turísticos como Puerto Plata y Sosúa, además de dinamizar el transporte de bienes y servicios.
Los miembros de la comisión deberán firmar un compromiso ético en el que declaren su independencia, la ausencia de conflictos de interés y el deber de confidencialidad en el ejercicio de sus funciones.
