La función de la buena comunicación en las instituciones públicas
La Policía tiene tan pobre imagen y poca credibilidad que nadie cree que actúa en las calles contra los negocios que violan el toque de queda. Llueven las quejas y las críticas por las fiestas clandestinas, que se celebran en lugares “secretos”, hasta en plena calle y locales abiertos a la vista de todo el que tenga ojos y quiera verlos.
Esta semana circularon videos de fiestas que ahora llaman “teteo”, incluso uno en el que aparece un vehículo policial, y unos días antes una camioneta de una institución estatal. ¿Qué hacía allí es unidad policial? Nadie lo sabe. Quizás había llegado en ese momento a “desbaratar” la fiesta, pero eso pocos o nadie lo creerán. ¡Qué pena!
Esta percepción tan negativa es la suma de un largo período de pésimo comportamiento y pobres resultados de la acción policial. A lo que también se añade una comunicación poco profesional.
“La comunicación es hoy esencial a la política. Si bien es ésta ya casi una idea universalmente aceptada, no es tan universal la reflexión sobre lo que realmente significa. Pues la comunicación no es importante por sí misma, sino por las consecuencias que tiene. Efectivamente, la comunicación de la instituciones públicas tiene consecuencias para la salud de las personas, en la belleza de los parques, en la seguridad de las calles, en la calidad del transporte, en la protección del medio ambiente, en la paz…”, nos dice María José Canel en su libro “Comunicación de Instituciones Públicas”.
Suelo decirle a los alumnos que me honran asistiendo a mis cursos en la UASD, que la comunicación no es como la “Moringa” que aseguran cura todos los males, y es un mal remedio, porque lo que cura todo no cura nada. La comunicación solo resuelve los problemas que crean la mala comunicación o la falta de comunicación. Todos los problemas de la Policía no se resuelven con comunicación, pero con buenas estrategias de comunicación le iría mejor y mejoraría su posicionamiento.
Un buen ejemplo es el de las estadísticas de negocios y establecimientos cerrados por violentar el toque de queda. En el período enero- junio (hasta la pasada semana), las patrullas policiales habían cerrado en todo el país 322 locales (estadísticas obtenidas en el C5I del Ministerio de Defensa). ¿Es mucho, poco, suficiente? No lo podemos evaluar, pero nos dice que algo se está haciendo.
Se cerraron 41 en enero, (13%), 81 en febrero (25%), 36 en marzo (11%), 41 en abril (13%), 77 en mayo (24%) y van 46 en junio (14%). El más alto número corresponde a mayo, cuando se arreciaron las restricciones.
Igualmente interesante es comprobar que la mayoría de los cierres se registró en provincias con alta incidencia de COVID19. En el Distrito Nacional se reportaron 50 (16%) y tiene 21.9% de positividad; en la provincia Santo Domingo 93 (29%) con 21.5% de positividad, en San Cristóbal 29 (9%) con 20.1% de positividad, en Barahona 13 (4%) con un 21% de positividad, en Baní 13 (4%) y Santiago 13 (4%). En estas seis provincias se produjo el 66% de los cierres. Quizás las estadísticas de cierres deberían ser más altas, por lo que uno ve y lo que la gente reporta, pero lo cierto es que hay cierres y si además se reportaron con nombres y apellidos, podría “motivar” a muchos otros a actuar con más responsabilidad. Quizás una mejor comunicación ayude a la Policía.
