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La semana pasada ocurrió algo insólito que justifica mis dudas de que podamos afirmar, como hacemos siempre incluyéndome, que existe seguridad jurídica para las inversiones. Sí es cierto, que se pueden lograr “arreglos” y “salvar” los obstáculos que crean en

Santo Domingo.- Dos empresas de inversionistas españoles que poseen terrenos turísticos en Punta Cana solicitaron llevar ante el Consejo Superior del Ministerio Público al procurador general adjunto para el medio ambiente acusado de actuaciones ilegales, apoyadas por la fuerza pública

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