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Han vuelto como tema mediático las siete sentencias que confirman que el proceso para autorizar la construcción de un nuevo aeropuerto en Punta Cana estuvo viciado y no se cumplieron todos los requisitos técnicos y ambientales exigidos para este proyecto.

El juez Rigoberto Sena Ferreras ordenó a la fiscalía del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto Internacional de Bávaro a través de la empresa panameña CVC ONE de Abraham Hazoury Toral, originalmente propiedad de Miguel Surún, presidente

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