Sistema financiero. Sometimientos y decisiones
Bancos crearán normativa para respaldar el proceso biométrico
Experto exhorta vigilar nivel de riesgo financiero
Solicitan a la SCJ revisar caso Bancrédito
Los bancos del país crearán a partir de enero próximo una normativa para que ningún ciudadano pueda realizar una transación sin previamente haber aportado sus datos biométricos a través del proyecto que desarrolla la JCE para unificar el acta y la cédula.
Así lo reveló Roberto Rosario, presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, quien precisó que firmarán un acuerdo con el sector bancario para que tenga acceso al sistema de la JCE a través de una llave de seguridad.
“De esa manera se puede comprobar que la persona que está solicitando el servicio es exactamente quien es, no solamente le venderíamos las informaciones de los ciudadanos, sino que a diario podrían tener por vía internet acceso directo a nuestras informaciones y solo con que el ciudadano ponga una huella ellos pueden verificar”, detalló.
Dijo que con esa normativa nadie podrá obtener un préstamo, sacar una chequera, obtener un documento o una transacción bancaria sin participar en el proceso de capturas de datos.
*Las pequeñas y medianas empresas deben darle seguimiento a todo lo que suceda con la banca a nivel internacional y su posible repercusión en el país.
De la salud del sector financiero depende que más recursos sean desembolsados para el crecimiento o fortalecimiento de la economía informal.
El microempresario debería estar atento a lo que sucede con las variables macroeconómicas y a su entorno.
Un consultor internacional en riesgos bancarios sugirió a RD adoptar mecanismos de control del sistema financiero similares a los existentes en la nueva ley bancaria de Panamá en la que se establece, entre otras medidas, evaluar los indicadores financieros de los bancos y de los grupos bancarios que permitan dar seguimiento a los principales riesgos bancarios, tales como adecuación del capital de crédito, operacional y de mercado, entre otros que la Superintendencia de Bancos estime necesario.
Arturo E. Carvajal, director de Financial Risk Management de KPMG para Centroamérica, hizo el planteamiento en el taller “Administración de Reservas de Créditos” que dictó en esta capital, patrocinado por la firma de auditores KPMG y la Asociación de Bancos Comerciales de RD.
Enfocó una serie de modelos de “administración de reservas de crédito” para evitar faltas de controles, deterioro y pérdidas por concepto de préstamos de las instituciones financieras y bancos comerciales.
Carvajal realizó una visión general de las reservas por deterioro y planteó los parámetros tecnológicos para enfrentar la pérdida de préstamo, el cálculo de pérdida incurrida (partidas de balance), los factores críticos del éxito del “Proyecto de Implementación de Reservas por Deterioro y Políticas de Reservas por Pérdida de Préstamo”. (LD-7D).
Caso Bancrédito
La Suprema Corte de Justicia fue apoderada en la tarde de ayer de un recurso de revisión contra la decisión de su Cámara Penal que confirmó la sanción de ocho años de prisión contra los ex ejecutivos del Bancrédito, Manuel Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza.
El recurso fue presentado por los abogados Eduardo Jorge Prats, Tulio Collado, Santiago Rodríguez, Jesús García y Fernando Langa, quienes argumentan que la sanción debe ser revisada porque el Ministerio Público y la parte civil desistieron de la acusación y los querellantes fueron resarcidos.
Según los juristas, procede que el tribunal se reúna y dejen sin efecto la decisión, por considerar que no existe un actor que demande justicia en el presente proceso.
Los ex ejecutivos de Bancrédito fueron sancionados con ocho años de prisión al comprobar los jueces que incurrieron en violación a los artículos 147, 148, 405 y 408 del Código Penal y la Ley 183-02 del Código Monetario y Financiero, abuso de confianza y asociación de malhechores. (EC-6).
A juicio de Eduardo Jorge Prats, uno de los abogados del consejo de defensa de los señores Manuel Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza, la decisión de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia mediante la cual se rechaza el recurso de casación de los imputados en el caso Bancrédito, “es una violación grosera del derecho constitucional al debido proceso, pues se vulnera el principio acusatorio del juicio penal que requiere un acusador público o privado”.
Según el jurista, quien además fue miembro de la Comisión de Juristas que preparó el anteproyecto de reforma constitucional, “en el caso Bancrédito no hay caso penal porque originalmente el Fiscal del Distrito Nacional dictaminó que se trataba de una demanda civil en cobro de pesos y además los querellantes privados fueron resarcidos y el Procurador desistió de la acción pública al constatar que no había particulares afectados ni la Administración Monetaria y Financiera se había querellado en el caso”. (DL-1,6)
