Poniendo orden en la seguridad privada
Manuel Quiterio Cedeño
El auto del juez Manuel Alejandro Vargas, notificado este martes al Ministerio Público imponiendo medidas de coerción al representante de la empresa de seguridad privada Security Protection Center, es una confirmación de la decisión de Procuraduría General de la República y la Superintendencia de Seguridad Privada del Ministerio de Defensa (MIDE) de ahondar en la tarea de poner orden en este sector, que es parte del sistema de seguridad.
La evidencia del descontrol que existía en la seguridad privada son los casos de 13 empresas intervenidas en las cuales se han detenido 16 personas y se han incautado 567 armas declaradas ilegales por las autoridades, según la información ofrecida en diferentes momentos en los últimos 24 meses tanto por esa Superintendencia, que dirige el general del Ejército Amílcar Fernández, como por el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, que dirige la magistrada Maura Martínez.
Los allanamientos y sometimientos a la justicia de las 13 empresas intervenidas han sido dirigidos por el Ministerio Público, en acciones coordinadas con la Superintendencia. También con el apoyo de oficiales de la Dirección de Inteligencia del MIDE, y de la Policía Nacional.
De las 13 empresas intervenidas, 6 han sido cerradas, una dejó de operar y otras seis siguen operando. En los casos de Guardianes Portorreal (GUAPOSA), R&P y Guardianes LEEV, ya se han producido sentencias definitivas. Otras 3 están en fase de investigación y las demás en procesos judiciales en los tribunales.
En el caso de la compañía Security Protection Center, su representante el señor Nelson Rafael Fermín Ovalle, oficial dado de baja del Ejército República Dominicana en 1993, intentó obstaculizar el desarrollo de la investigación alegando que eso ocurría por una retaliación de la Superintendencia al no acceder a una extorsión de la misma.
Pero cuando sus instalaciones fueron allanadas en Santo Domingo y Santiago, de las 104 armas ocupadas solo 24 estaban legales. Al igual que las demás armas ocupadas en otras compañías, estas no tienen documentación, las marcas no son legibles y están retroqueladas (renumeradas) o clonadas (varias armas con la misma numeración).
Según los informes ofrecidos por las autoridades y publicados en diferentes medios, los investigadores de este caso establecieron que dicha empresa está relacionada a una compañía propiedad de un excoronel de la Policía, sentenciado a 20 años de prisión por violación a la Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas.
La Superintendencia fue creada por decreto presidencial (No.1128 de15 de diciembre del 2003), pero con la expansión de esta actividad este soporte legal quedó desactualizado, además de que no se ajusta a la ley para el Control de Armas y Municiones (2016), y a la Ley sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (2017). La estrategia para organizar esta actividad, además, incluye la aprobación de una ley para regular y organizar la seguridad privada, presentada al Congreso por el Poder Ejecutivo, ya aprobada por el Senado y ahora en la Cámara de Diputados.
La encuesta de Mark Penn publicada esta semana, aplicada en el presente mes, encontró que la criminalidad es la primera preocupación de los ciudadanos. Por esto tiene mucho sentido que el Gobierno incluya en su estrategia poner orden en la seguridad privada, que se considera un sector de apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado.
