Políticas fiscales contra el cambio climático pueden ayudar a crear 15 millones de empleos
El nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “Política Fiscal y Cambio Climático: Experiencias recientes de los ministerios de finanzas de América Latina y el Caribe” recomienda que los ministerios de finanzas y planificación de América Latina y el Caribe consideren políticas fiscales para acelerar la transición hacia economías verdes y allanar el camino para que la región cumpla con las metas de descarbonización.
Esta recomendación sugiere que las políticas enfocadas en el crecimiento verde tienen el potencial de aumentar la resiliencia al cambio climático y crear nuevas oportunidades económicas que generen más y mejores empleos. La publicación también señala la importancia de reducir la dependencia económica en los combustibles fósiles, reduciendo los subsidios a estas industrias, para mantener la competitividad económica y garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas.
La descarbonización de las economías de la región puede crear 15 millones de nuevos empleos netos para 2030 y cada dólar invertido en hacer más resilientes la infraestructura y las economías puede generar hasta cuatro dólares en beneficios económicos.
De acuerdo con el estudio, las economías de la región tendrán que crear nuevos patrones de producción y consumo de bienes y servicios para alcanzar cero emisiones netas hacia el 2050. Para cumplir con este objetivo, los ministerios de finanzas deberán considerar implementar políticas fiscales que impulsen estos cambios mientras que mitiguen los posibles riesgos en las finanzas públicas generados por los eventos climáticos extremos y los cambios estructurales y tecnológicos que están por venir.
“El reloj está corriendo. El nivel sin precedente de transformaciones que deben ocurrir en todos los sectores económicos demanda un nivel mucho más profundo de involucramiento de los ministerios de finanzas con las políticas de combate a los efectos del cambio climático”, dice Benigno López, Vicepresidente de Sectores del BID.
Dijo que “Estos ministerios juegan un rol central pues necesitan implementar una gestión fiscal adecuada para mitigar los riesgos y utilizar la inversión pública y sus políticas de gasto y tributación para apalancar las oportunidades de la economía verde y promover una transición justa para los ciudadanos afectados por estos cambios.”
La frecuencia anual promedio de eventos climáticos extremos por país en la región se incrementó en más de 50% en las últimas décadas, pasando de 0,20 por año durante el periodo 1980-2000 a 0,30 por año entre 2001 y 2019. Se estima que el impacto fiscal de estos eventos extremos fue de entre el 0,2% y el 0,3% del PIB por año para la región entre 2001-2019.
El estudio también estima que la producción de petróleo latinoamericano debería reducirse a menos de 4 millones de barriles por día en 2035 de acuerdo con los escenarios consistentes con la meta del Acuerdo de París de evitar que el calentamiento global supere los 1.5°C.
Eso representaría una reducción de 60% de la producción de petróleo con relación a su valor previo a la pandemia lo que, a su vez, impactará en los ingresos fiscales y no fiscales asociados al petróleo.
Asimismo, la recaudación en la región podría aumentar hasta en US$224 mil millones por año si se eliminan los subsidios energéticos y se grava un impuesto a las externalidades locales y a las emisiones de carbono.
La publicación identifica tres áreas claves de intervención para los ministerios de finanzas y planificación de la región:
Gestión de riesgos económicos y fiscales relacionados a eventos climáticos extremos y la transición hacia economías de cero emisiones netas
Las finanzas públicas se beneficiarían de contar con mecanismos para diversificar los riesgos y para crear colchones financieros, así como de establecer mecanismos más amplios de gobernanza y gestión de los riesgos en el marco de los mandatos de los ministerios de finanzas. Como parte de estos esfuerzos, es necesario fortalecer los sistemas de inversión pública incorporando elementos de resiliencia y gestión de riesgos en los proyectos y programas.
Promoción de una transición verde y justa
Los ministerios de finanzas deben diseñar políticas hacia una transición verde que consideren y atiendan los impactos distributivos en los sectores económicos y en los trabajadores afectados por estos cambios, mediante una adecuada gestión fiscal, de los impuestos, de la inversión pública y del gasto. Esto significa no solamente la aplicación de políticas compensatorias, pero también la promoción de nuevas fuentes de empleo y de crecimiento económico que resulten de la adopción y el desarrollo de las nuevas tecnologías e inversiones.
Acceso al financiamiento
Los recursos necesarios para financiar la transición sobrepasan en gran medida la capacidad financiera de los gobiernos. Los ministerios de finanzas juegan un rol catalizador para atraer la inversión privada al establecer marcos de incentivos, plantear inversiones públicas e implementar reformas regulatorias que contribuyan a atenuar las barreras a la inversión privada. Además, pueden contribuir al desarrollo de nuevos mercados (como el de bonos verdes), aprovechando el creciente interés de los mercados de capitales en colocar recursos en proyectos sostenibles, accediendo a una nueva base de inversionistas.
