Ocupantes ilegales muestran poder retrasando casi dos décadas inicio de proyecto turístico en Punta Cana
Ha provocado llamadas telefónicas y mensajes mi artículo de la semana pasada alertando sobre la necesidad de garantizar la seguridad jurídica a la inversión extranjera, especialmente en el sector más atractivo actualmente que es el turismo. Tuve que ofrecer muchas explicaciones, lo que me motiva a volver al tema, que referí sin entrar en detalles porque el espacio es limitado. Es una larga historia que pronto cumplirá dos décadas, y desnuda la vergüenza que se oculta en nuestro sistema de “justicia”.
Amplio el relato refiriendo cómo se cocina la justicia en la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medioambiente. El año pasado dos empresas de inversionistas españoles con terrenos turísticos en Punta Cana solicitaron llevar ante el Consejo Superior del Ministerio Público al titular de este departamento de la “justicia”, por un intento de desconocer una sentencia de la Suprema Corte que ordenó el desalojo de ocupantes ilegales de su propiedad. Lo publicaron los diarios.
Fue el final de un proceso iniciado en el 2008 que siempre produjo sentencias ordenando ese desalojo en Punta Cana, autorizado por la fiscalía de Higüey cumpliendo una sentencia definitiva. Se produjo el 12 de noviembre y cinco días después Francisco Contreras, procurador para el medioambiente, se presentó en el lugar con apoyo militar.
Desconociendo la autoridad de la Suprema Corte y de la Fiscalía de Higüey, Contreras, repuso a los intrusos recién desalojados, ordenó arrestar al personal de seguridad del proyecto, removió las estructuras creadas para controlar el acceso a esa propiedad privada, y vallas invitando a respetar las reglas sobre buen uso de la playa. Contradecía el desalojo inmediato ordenado por la Suprema Corte 15 años después.
Las empresas propietarias presentaron todos los permisos y autorizaciones para controlar el acceso de invasores, intrusos, ocupantes u organizadores de viajes de ilegales, que quieran acceder a los terrenos, y el acceso de vehículos a la playa del lugar, lo que está prohibido por el Ministerio de Turismo. El proyecto turístico, que no ha podido iniciarse, tiene un decreto del Presidente de la República desde noviembre del 2007; la No Objeción del Ayuntamiento de Verón de noviembre del 2020, las autorizaciones del Ministerio de Turismo y renovado por segunda vez los permisos ambientales.
El pasado 12 de agosto pasado, Contreras volvió a la carga y el representante de las empresas propietarias del lugar fue citado por 3 fiscales de su equipo. Le ordenaron destruir dos garitas de vigilancia que existen en la propiedad, que usa la vecina dotación de la Armada para vigilancia, porque ocupan pocos metros de la franja de uso público, pero dijeron desconocer dos grandes construcciones ilegales que están en los 60 metros, lo que consta en un informe del Ministerio de Medioambiente, del que fue informado la fiscalía ambiental.
Es grande el poder de estos ocupantes ilegales, que mueven a una fiscalía especializada para desconocer una sentencia de la Suprema Corte, destruir las ligeras garitas de la Armada y no encontrar las edificaciones ilegales notables que registro Medioambiente, pero el ministro a cargo entonces tampoco se atrevió a ordenar el desalojo. Parece que no todas “las sentencias son para ejecutarse”.
