Medio Ambiente da un plazo de 15 días para retirarse a los invasores que ocupan espacios en el área protegida de la bahía Luperón
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales notificó a los ocupantes ilegales del Refugio de Vida Silvestre Bahía de Luperón, en Puerto Plata, para que se retiren del área protegida en un plazo de 15 días, a partir del lunes 11 de noviembre, porque “han causado un significativo daño ambiental” en el humedal ubicado en el sector Mangles Abajo, de esa área protegida.
La medida fue anunciada en el segundo recorrido de inspección realizado por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, quien observó los daños en la zona y, junto a la comisión que lo acompañó, definió las acciones que se aplicarán para proteger el área y prevenir futuras invasiones.
El ministro también informó que se solicitará el apoyo del Ministerio de la Presidencia para el manejo social de las personas afectadas por estas medidas, y se acordó una reunión el próximo 14 de noviembre con el objetivo de buscar soluciones viables para las familias que deberán abandonar el área protegida dentro del plazo establecido. Posteriormente.
Henríquez subrayó que además se hará un plan de comunicación para informar a la comunidad local y a los turistas sobre las acciones que se ejecutarán, con el fin de promover el desarrollo de la bahía Luperón como un destino turístico ecológico y sostenible.
La recuperación de este humedal es una acción crucial para preservar la biodiversidad en la bahía Luperón, que es “zona costera de vital importancia para la economía local y un hábitat adecuado para especies como el manatí y diversas aves marinas”, dijo el funcionario, y agregó que es “un entorno de mucha relevancia por sus manglares y praderas marinas, las cuales ayudan a mitigar el impacto de huracanes”
Henríquez estuvo por los vicealmirantes Agustín Morillo, comandante general de la Armada Dominicana; Luis Lee Ballester, director general de Migración; el general Ángel Camacho, director del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), y el equipo de fiscalización del Ministerio de Medio Ambiente.
El informe sobre esa área protegida, presentado en octubre pasado, indica que los ocupantes de la zona son alrededor de 200 personas, que vierten desechos sólidos directamente en el humedal y en sus áreas circundantes. Además, construyeron una pared que canaliza aguas, lo que contribuye a la acumulación de basura en el ecosistema y genera un grave impacto ambiental. El ministro de Medio ambiente ha reiterado que su gestión hará frente a cualquier violación de la normativa ambiental.
Estable que se trata de un delito ambiental por la violación de la Ley Núm. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas Núm. 202-04.
