Las personas tienen acceso a playa en Cabeza de Toro, pero reglas oficiales prohíben transito vehículos por la arena
Las empresas Yupa y Paraíso Tropical desmintieron la información sobre un supuesto bloqueo al acceso a un área de playa de Cabeza de Toro en Punta Cana que se encuentra en su propiedad las inmediaciones de la playa Cabeza de Toro, en Punta Cana, como indicaron las autoridades al realizar un operativo en donde retiraron dos garitas de seguridad que se encontraban instaladas en la zona.
En el operativo, realizado por la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren), el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), fueron incautados varios vehículos de una compañía de seguridad contratada por la empresa y que se encontraban apostados en la zona.
Felipe Echavarría, abogado de Yupa y Paraíso Tropical, dijo que las medidas de seguridad para cumplir las regulaciones ambientales que protegen las playas del país, fueron acordadas por las empresas, que desarrollan un proyecto turístico en la zona con los ministerios de Medio Ambiente y Turismo.
“Nosotros dejamos pasar a todo el mundo, pero a pie, porque hay un acuerdo institucional entre Turismo y Medio Ambiente de resguardar el área protegida de la playa y hay una resolución de no tránsito de vehículos por las arenas”, añadió Echavarría, haciendo alusión a una resolución de 2012, emitida durante la gestión en Turismo de Francisco Javier García.
El abogado atribuyó el inconveniente a una litis judicial que tienen las empresas con dos personas que fueron desalojadas de la zona por no tener la documentación que los avalara como dueños del terreno. El desalojo fue realizado tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, entidad que falló a favor de Yupa y Paraíso Tropical, tras 15 años de recorriendo todas las instancias judiciales.
“La empresa Yupa es propietaria de la parcela 67-B-10, ubicada en Higüey, fue adquirida por compra en 1987. En el año 1999, mediante superposición, se crearon dos parcelas nuevas encima de la parcela propiedad de Yupa, mediante títulos falsos que fueron desestimados en los tribunales. Posteriormente se le intimó (a la parte contraria) para la entrega voluntaria y ante la negativa se efectuó un desalojo”, añadió.
Fiscales investigan denuncia
Yupa y Paraíso Tropical pidieron a la Procuraduría General de la Republica investigar las acciones del Procurador General Adjunto para el Medio Ambiente, Francisco Carrasco, que se presentó en su propiedad acompañado de militares, fiscales y ocupantes ilegales desalojados en un intento de desconocer una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que le devuelve el uso pleno de su propiedad.
“Se intenta, como en tiempos pasado, inventar un expediente, por supuesta depredación ambiental para seguir obstaculizando el desarrollo de un importante proyecto en el que se establecerán por lo menos 7 hoteles y otras infraestructuras turísticas, que por causa de las ocupaciones ilegales tiene más de 10 años de retraso”, dice una declaración de la Asociación de Propietarios de Terrenos Turísticos de Cabeza de Toro.
Echavarría explico, que motivado por la denuncia presentada en la Procuraduría General de la Republica el martes de la semana pasada, la empresa Yupa se reunió con los fiscales, de la Procuraduría General de la República, Medio Ambiente y representantes de los desalojados en lo q designados para investigar el caso.
“Al parecer (las autoridades) estaban desinformadas porque decían que esas garitas eran permitidas si se tenía un proyecto turístico y que ahí (en el terreno) no se estaba haciendo nada. Cuando depositamos la permisología, se quedaron sorprendidos”, indicó el abogado. Explico que el proyecto si existe, pero no ha podido avanzar precisamente por la lentitud de los procesos para desalojar los ocupantes ilegales.
Sostuvo que en el encuentro se informó que el operativo realizado en Cabeza de Toro se originó tras varias denuncias de los desalojados, indicando que Yupa y Paraíso Tropical impedían el acceso a la playa a los transeúntes sin tener un proyecto ni los permisos requeridos.
Tras el encuentro, la Procuraduría solicitó a ambas partes depositar las documentaciones que sostengan sus posturas en un plazo de 10 días. Echavarría indicó que se llevará a cabo un proceso aparte para la empresa de seguridad afectada con la incautación de vehículos, que deberá presentar ante las autoridades el contrato que tiene con las sociedades de comercio.
