Embargos ilegales disuaden inversión y amenazan la seguridad del turista, afirma el procurador
Los embargos ilegales afectan el clima de inversión y son una amenaza para el turista aseguró el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, en la conferencia “La Seguridad Jurídica y el Sector Turismo”, organizada por la Cámara Oficial Española de Comercio.
El procurador denunció que los embargos ilegales que se realizan en el sector turístico dominicano impiden que el país reciba una mayor inversión extranjera y afectan las instalaciones turísticas.
En ese sentido, llamó a todo el sector turismo a señalar y denunciar los casos de embargos abusivos que se registran en sus propiedades, tras afirmar que estos son algunos de los mayores desafíos que tiene República Dominicana en materia de seguridad jurídica.
El funcionario aseguró que muchos “embargos” son un mecanismo de presión y chantaje contra el turismo, por lo que ha impartido instrucciones al Ministerio Público para que actúe con cuidado para impedir arbitrariedades.
Domínguez Brito también se refirió a la falsificación de títulos, la seguridad social y la seguridad ciudadana como áreas de suma importancia para mantener la seguridad jurídica en el país.
Dijo que la mayor cantidad de embargos que afectan al turismo dominicano tienen su origen en conflictos laborales, manejados en parte por “mafias organizadas” especialmente para estos fines, que logran sentencias al margen de las normas establecidas.
“Por eso les exhorto a estar atentos a cualquier notificación, y ante cualquier amenaza acudan rápido al Ministerio Público, que tenemos órdenes de apresar y someter a la justicia a estos mafiosos. No duden en someter a esas bandas”, dijo.
Por ello, también planteó la necesidad de que la contratación de personal en el sector turístico sea ajustada a la ley de Seguridad Social, para evitar que empleados molestos puedan incoar acciones que terminen en embargos irregulares.
Asimismo, señaló que muchas de las invasiones de tierra son patrocinadas por dirigentes políticos, y recordó que dos regidores están presos por estos hechos.
“Cualquiera que entre a una propiedad, el Ministerio Público está obligado a desalojarlo, pero se requiere de la acción más rápida posible de los inversionistas para que denuncien los casos, y no permitan que el problema crezca, pues después que la invasión tiene años, es más difícil de desalojar”.
También instó a los inversionistas de tener un rol activo en los procesos de deslindes de los terrenos, como garantía contra las falsedades de títulos que afecta al sector.
