Directivo de ASONAHORES dice ayuntamientos hacen cobros abusivos e ilegales e insisten en doble tributación
SANTO DOMINGO.- Jesús Almanzar, vicesecretario de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) denunció que muchos ayuntamientos del país mantienen prácticas abusivas en el cobro de los impuestos municipales e insisten en ejercer la doble tributación en violación de un mandato expreso de la Constitución de la República.
Sostuvo que durante los últimos años y particularmente en los meses recientes, algunos cabildos que operan en zonas turísticas han incrementado la agresividad y los abusos en el cobro de los impuestos, creando un ambiente negativo para la inversión y el desarrollo del sector más dinámico de la economía y con mayor capacidad de generación de empleos.
El licenciado Almanzar, quien es experto en legislación turística, aseguró que algunos arbitrios reclamados por los ayuntamientos coliden con impuestos preexistentes en la legislación nacional, “lo cual es a todas luces violatorio del Artículo 200 de la Constitución Dominicana”.
Por ello, explicó, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado declarando estos arbitrios como contrarios a la Constitución, lo que a pesar de ello no ha detenido el frenesí recaudatorio ilegal de ciertas autoridades municipales.
Los casos de Cabarete y Punta Cana
“En Cabarete, por ejemplo, ya esto se ha dado en numerosas oportunidades, con el agravante de que proyectos como el de Punta Goleta y otros hayan tenido que “negociar” el pago de estos “arbitrios”, creados sin la mas mínima base de sustentación”, apuntó el directivo de ASONAHORES.
Explicó que las juntas distritales de Cabarete y de Punta Cana, que legalmente no están facultadas para crear impuestos y tasas municipales, en virtud de lo que establece el artículo 82 de la ley municipal 176-07, han venido aplicando en los últimos meses una serie de impuestos ilegales que plantean un serio problema de seguridad jurídica en perjuicio de la inversión turística y de la actividad productiva en general.
Los proyectos hoteleros – expuso Almanzar – “se han visto compelidos a tener que jugar este juego, debido a que de no negociar, el funcionario actuante se niega a firmar y sellar los planos del proyecto, requisito previo e indispensable para la aprobación del proyecto por ante las demás instancias gubernamentales como eL Ministerio de Obras Publicas, de Turismo y el de Medio Ambiente”.
Dijo que “en adición a esto, y no menos grave para el sector turístico es el hecho de que en lo que concierne a la normativa de uso de suelo, la constitución dominicana le atribuye capacidad reglamentaria a los Ayuntamientos, de ahí que los mismos cobran el denominado Uso de Suelo a los proyectos turísticos, siempre sobre una base totalmente irracional y desmedida, sin la mínima sujeción a los principios de Racionalidad consagrados por la Constitución Dominicana”, dijo.
“Pero por el otro lado tenemos que el Ministerio de Turismo también cobra una suma que oscila entre los 15 a 20 mil pesos por concepto de “Solicitud de Evaluación para No Objeción de Uso de Suelo” y una vez aprobada, cobran la módica suma de US$1,250.00 por habitación a ser construida en el proyecto de que se trate, como se ve, existe un doble o triple cobro por el mismo concepto, lo que además de ser irracional contraviene la regla general de la no doble tributación”, agregó.
“Son situaciones como estas y otras más semejantes, las que desalientan al inversionista extranjero y que ponen en tela de juicio la Seguridad Jurídica de nuestro país”, concluyó.
