Desempeño del sistema de justicia puede crear escándalos y dañar imagen de RD como destino de inversión turística
Volví a ser cuestionado con varias llamadas por el contenido crítico al sistema de justicia del pasado viernes. Todo lo escrito es cierto y documentado. Soy cuidadoso porque conozco gente honesta, buenos profesionales, en la carrera judicial. Pero creo que justicia tardía es injusticia.
Los casos que he citado ahora y antes, relacionados con proyectos turísticos, no son la excepción, quizás tampoco la regla, pero son muy repetidos, aunque quienes lo sufren no escriben en los diarios. La reputación del sistema de justicia esa mala y se abona con hechos que avergüenzan. El impacto de esto en el sector turismo es doblemente preocupante porque podría generar escándalos de impacto mediático con un el efecto negativo en las inversiones turísticas, una de las áreas más dinámicas y potente motor que mueve la economía.
Los políticos, hoy de oposición, no cuestionan ni acusan al gobierno porque lo que tenemos –jueces y fiscales- es principalmente una herencia de gobiernos pasados. Un ejemplo: qué se puede decir de un Procurador General Adjunto para el Medio Ambiente que va a Punta Cana a intervenir una propiedad privada y tiene que ser denunciado, pero mira para otro lado para no enterarse de que en Moca, donde funcionarios ambientales quieren freír en alquitrán a granjeros que crían cerdos, el abogado que los acusa en los tribunales tiene instalaciones turísticas en áreas prohibidas y una especie de represa rústica en el rio Jamao, violando todas las regulaciones ambientales.
Esta el caso un ocupante ilegal en terrenos de un proyecto de turístico en Cabeza de Toro, al que el Tribunal de Tierras de Higüey declaró en el 2003 falsos los documentos de una parcela en un terreno registrado el siglo pasado y sin cumplir la Ley de Registro de Tierras.
La sentencia fue confirmada en marzo del 2006 por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central. El ocupante ilegal, alegó que no fue notificado a la audiencia en que el tribunal de Higüey dicto sentencia. Su abogado asistió y presentó el escrito de defensa. El tribunal lo certificó y la Suprema Corte de Justicia rechazó dos recursos de casación del ocupante ilegal. Pero en el 2014 el Tribunal Constitucional revoca estas sentencias por la supuesta falta de notificación del tribunal de Higüey.
La Suprema reiteró el rechazo al recurso del ocupante, pero en el 2017 el Constitucional reitera su decisión y advierte que si esa corte ordena una revisión, debe hacerse, a pesar de que se presentó copia certificada de la citación. La Suprema remitió el caso al Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central. No avanzó porque el ocupante ilegal recusó a todos los jueces en agosto del 2021.
Han transcurrido 19 años desde la primera sentencia y 5 del fallo del Constitucional, ¿cuántos más pasarán para que falle la corte de tierras, llegue a la Suprema y esta falle para que vuelva al Constitucional? Abogados consultados estiman que unos 5 años.
¿Pueden explicarlo la presidenta?
A quienes me cuestionan les digo que conozco el caso de un campo de golf que usó terrenos ajenos. El reclamo del 2011 hizo todo el recorrido y terminó en el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central donde está visto para fallo desde mayo del 2021. Han pasado 19 meses ¿Por qué no sale la sentencia, podría explicarlo al país la presidenta de esa corte?
