Comisión del Senado exige al Cabildo del DN retirar arbitrios
Una comisión especial formada por siete senadores emitió una resolución de siete puntos en la que manifestó su rechazo al aumento y creación de nuevos arbitrios municipales anunciados por el Ayuntamiento del Distrito Nacional y que fueron aprobados por la Sala Capitular mediante dos ordenanzas del 23 de diciembre de 2010.
La resolución, de fecha 2 de marzo de 2011, reclamó al Ayuntamiento mantener de manera definitiva la revocación la Ordenanza 03- 2010 sobre Uso y Mantenimiento de Suelo (PREDIAL) en el Distrito Nacional, por ser contraria a la Constitución de la República y a la Ley 288-04 sobre Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria, Vivienda Suntuaria y Solares Urbanos No Edificados que modifica la Ley 18-88, de 1988.
La comisión de senadores, formada por Charlie Mariotti (Monte Plata), Rubén Cruz (Hato Mayor), Euclides Sánchez (La Vega), Félix Vásquez (Sánchez Ramírez), Julio César Valentín (Santiago), Edis Mateo (Barahona) y Carlos Castillo (San José de Ocoa), también exhortó al ADN la suspensión de la Ordenanza 04-2010, hasta tanto se discuta la equidad de las mismas, se realice un estudio de su impacto económico y se logre un mayor consenso social sobre cuál debería ser el alcance y cuantía de los aumentos en las tasas de dichos servicios, explorando la posibilidad de aumentos escalonados.
También recomendaron al ADN:
1.La revisión del aumento de la tarifa por la recogida de los desechos sólidos contenida en la ordenanza 05-2010;
2.La puesta en marcha de un plan para aumentar las cobranzas municipales regularizando la situación que aquellos que actualmente no pagan por el servicio de recogida de desechos;
3.Establecer un mecanismo de indexación automático anual de las tarifas de recogida de basura para evitar los aumentos bruscos y permitir una mejor planificación de gastos por parte de los residentes en el Distrito Nacional.
Los siete senadores también reclaman la revocación inmediata de la Ordenanza 95-2010 por adolecer de graves deficiencias jurídicas y normativas que ponen en riesgo la seguridad jurídica de quienes residen o tienen negocios en el Distrito Nacional.
Al mismo tiempo, la resolución aprobada invita al Gobierno Nacional, a la Liga Municipal Dominicana, a los gremios municipales y a los representantes de las distintas organizaciones empresariales y de la sociedad civil interesadas al inicio de un proceso de revisión que tenga los siguientes objetivos:
1.Evaluar el marco tributario nacional con el objetivo de impulsar la discusión sobre la necesidad de transferir a los Ayuntamientos ciertos tributos nacionales, para así contribuir a la mejoría de las finanzas de los gobiernos locales;
2.Evaluar la transferencia de algunas competencias que teniendo vocación municipal están en manos del gobierno nacional; lo cual deberá incluirse en el proyecto de ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.
3.El establecimiento de un mecanismo efectivo para asegurar el cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública por parte de los Ayuntamientos;
4.La puesta en marcha de una carrera administrativa municipal que regule que el acceso, permanencia, ascenso y jubilación del personal administrativo y técnico de los Ayuntamientos se realice en base al mérito y la capacidad conforme las normas y principios del Estatuto de Función Pública;
5.La revisión de la Ley de Cámara de Cuentas para elevar las facultades de este órgano para asegurar que los órganos de contraloría municipal cumplan eficazmente con su rol;
6.La puesta en marcha de un observatorio nacional de prácticas municipales, como iniciativa público-privada destinada a aumentar los niveles de veeduría pública sobre la práctica de los Ayuntamientos y el acountabiliti vertical (social) respecto del desempeño de los mismos.
7.Revisar el marco legal de la Liga Municipal Dominicana y verificar la pertinencia de su existencia en el esquema institucional actual;
8.Evaluar la modificación de la Ley de Economía, Planificación y Desarrollo para analizar el posible establecimiento de un Viceministerio de Desarrollo Territorial y Municipal que funja como órgano de promoción y canalización de las relaciones intergubernamentales entre el gobierno nacional y los Ayuntamientos, fomentando mayores niveles de gestión cooperativa y el trazado de políticas públicas coherentes con los objetivos nacionales y la Estrategia Nacional de Desarrollo.
9.Otras medidas de igual naturaleza tendentes a elevar la fortaleza institucional del sector.
Además, la resolución propone la formación de una Comisión Bicameral encargada de gestionar el proceso indicado.
