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Canoa también habría estafado a una comerciante

Además de presionar a los empresarios de la región norte del país y de negarse a los requerimientos de la Justicia dominicana, Gregorio Antonio Mora (Canoa), alcalde del municipio de Cabarete, también ha estafado a comerciantes, tal como lo mostró anoche una edición de El Informe con Alicia Ortega, que se transmite por Antena Latina.
La denuncia es una más en la serie de denuncias periodísticas y judiciales que se presentan contra el alcalde de Cabarete

170 mil pesos

En El Informe, una comerciante,  Eusebia Valdez de León, denunció que compró a Canoa una porción de terreno por 170,000 pesos, pero que el funcionario tomó el dinero y no le ha entregado el inmueble, pese a que el contrato se rubricó hace 4 años.
De acuerdo con El Informe, el municipio de Cabarete, en la provincia Puerto Plata, resulta atractivo para inversionistas por sus recursos naturales privilegiados, sin embargo, acciones de la administración municipal han empañado ese ambiente de negocio.

Extorsión

Los empresarios cuestionan la falta de transparencia en el cobro de impuestos y denuncian intentos de extorsión de parte de la sindicatura o Junta Municipal.
Mientras que una auditoría de la Cámara de Cuentas detectó anomalías en el manejo del erario público de más de 225 millones de pesos.
Además del juicio penal por la acusación de violar la ley 200-04, que en su articulo 30 establece que el funcionario público que denegare el acceso a la información podría ser condenado con penas privativas de libertad de 6 meses a dos años de presión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años, Gabriel Mora, podría enfrentar  otros cargos.

Medidas de coerción

El programa especial, emitido anoche, recuerda que el juzgado de la Instrucción de Puerto Plata dictó recientemente medidas de coerción contra el director del Distrito Municipal de Cabarete, acusado de desacato a una orden judicial.
Canoa se niega a cumplir la decisión de una corte de primera instancia que le ordenó el año pasado entregar toda la información sobre ingresos, egresos y contratos de ese ayuntamiento.
La jueza Jakaira Veras fijó una garantía económica de RD$100 mil (en cheque certificado o efectivo) y un impedimento de salida del país contra Mora.
Víctor Mena Graveley, abogado actuante y presidente del Colegio de Abogados de Puerto Plata, explicó que este es un caso iniciado hace un año por la Asociación para el Desarrollo de Cabarete (Adeca), que es la institución que presentó la solicitud de coerción contra el director del distrito municipal.

La ley

La acción de Adeca se inició basada en la violación de la Ley 200-04 Sobre Acceso a la Información pública, cuyo artículo 30 establece que el “funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria denegare, obstruya o impida el acceso del solicitante a la información requerida, será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años de prisión, así como con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco años.

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