Asociaciones del sector turismo piden a Abinader observar el proyecto de ley de residuos sólidos
Los gremios empresariales del sector turismo pidieron al Presidente Luis Abinader observar y devolver al Congreso Nacional el proyecto que modifica Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20, que fue aprobado sin una necesaria profundidad técnica y análisis de impacto.
Plantean que sus observaciones sean analizadas en un proceso de diálogo técnico, abierto, plural y participativo, y expresan su disposición a trabajar junto con las autoridades y los demás sectores, para lograr una legislación equilibrada que promueva el desarrollo sostenible, las prácticas antimonopólicas y la correcta gestión de residuos sólidos.
En una declaración enviada ayer a los medios de comunicación, las asociaciones alertan sobre los riesgos que esta reforma representa para la sostenibilidad ambiental, la competitividad del sector turismo y la autonomía municipal.
La firman la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), Asociación Dominicana de Empresas de Turismo Inmobiliario (ADETI), Asociación Dominicana de Restaurantes (ADERES), Asociación Dominicana de Comida Casual y Servicio Rápido (ADECOR), Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (ADAVIT), Asociación de Hoteles del Este (ASOLESTE), Asociación de Hoteles y Restaurantes de Santiago (ASHORESA), Asociación de Hoteles Romana Bayahíbe (AHRB), Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD), Asociación de Hoteles de Juan Dolio.
También la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná (AHETSA); Asociación Dominicana de Parques y Excursiones (ADOPETUR), Asociación de Hoteles, Restaurantes y Empresas Turísticas del Norte (ASHONORTE) y Asociación de Hoteles y Turismo El Seibo-Miches (PROMICHES)
Advierten que múltiples disposiciones aprobadas promueven prácticas a todas luces monopólicas y afectan directamente el manejo eficiente de los residuos sólidos, comprometen los compromisos ambientales asumidos por el país y el sector y fragmentan los esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado.
Entre las inquietudes más relevantes, señalan que la nueva redacción limita la posibilidad de que las empresas, incluyendo los establecimientos turísticos, gestionen de forma directa o asociada la valorización de sus residuos, afectando su capacidad para cumplir con estándares internacionales de sostenibilidad y sus compromisos ambientales.
Igualmente, rechazan la imposición de la entrega obligatoria de residuos a gestores autorizados por los gobiernos locales, poque restringe severamente la libertad de elección y operación de empresas que han hecho inversiones significativas en infraestructura propia para la gestión responsable de sus residuos.
También cuestionan la obligación de establecer un solo relleno sanitario por provincia y una sola planta de tratamiento por región, porque promueve la concentración del servicio en manos de pocos actores, promoviendo prácticas monopólicas y reduciendo la eficiencia del sistema.
Asimismo, indicaron que es preocupante la creación de una contribución especial para la gestión de residuos calculada en función de los ingresos brutos de las empresas, sin considerar la cantidad ni el tipo de residuos generados.
Advierten que esta fórmula genera una carga desproporcionada e inequitativa para sectores como el turismo, especialmente para los pequeños y medianos establecimientos, cuyos márgenes son más reducidos y cuyos residuos, en muchos casos, ya son manejados bajo estándares estrictos.
Advierten que es preocupante la inseguridad jurídica en la forma en que se abordan los permisos ya otorgados a plantas de valorización en funcionamiento. El reconocimiento exclusivo a los derechos adquiridos de los rellenos sanitarios existentes, y no así a otras infraestructuras aprobadas y operativas, contradice el principio constitucional de irretroactividad de la ley, afectando la confianza de los inversionistas y exponiendo al Estado a potenciales reclamaciones.
En lo que respecta al Fideicomiso de Gestión de Residuos, observan con preocupación la composición del consejo, al incluir representantes de la industria beneficiaria, lo cual genera un claro conflicto de interés.
Las entidades también expresaron su inconformidad ante la inacción del congreso frente a los efectos adversos del sargazo y su impacto sobre el turismo, al no declarar a esta macroalga como residuo y no establecer la posibilidad de valorizarlo. Las inversiones turísticas y hoteleras destinan recursos millonarios para mantener y preservar la costa frente a la llegada de toneladas de sargazo y que la normativa vigente, al no disponer al sargazo como residuo, no permite mecanismos para su disposición final.
