Preocupan las debilidades para combatir fraude sector energía
El informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana considera que con el cambio de dirección al frente de la CDEEE se ha iniciado un proceso de evolución en el sector eléctrico.
Resalta, sin embargo, las debilidades que persisten respecto al combate del fraude eléctrico, debido en parte a los mecanismos burocráticos existentes, pero aconseja “acciones de envergadura contra grandes defraudadores (industrias y comercios) para enviar un mensaje inequívoco a la población y a los inversionistas”.
El documento, sustentado por el experto francés Jacques Attali y un grupo de especialistas nacionales e internacionales -convocados por el presidente Leonel Fernández- plantea la necesidad de que el modelo de gestión administrativa de la CDEEE se implante en las empresas distribuidoras de electricidad.
Afirma que estas compañías, en manos del Estado, presentan una productividad especialmente baja si se les compara con el resto de América Latina. “Así, cerca de 4,000 mil empleados trabajan en las distribuidoras, lo que significa una cifra superior al personal de Perú, que suministra cinco veces más electricidad”, señala.
Cita el hecho de que sólo entre 2003 y 2004 la nómina de EdeSur pasó de 1,219 empleados a 1,855, para un aumento de 43%, “mientras que ni la cantidad de electricidad distribuida ni el índice de recaudación aumentaron.”
Tras calcular en 2,000 personas los recortes hechos en nómina de la CDEEE, lo cual ha implicado hasta ahora un ahorro de RD$6,000 millones y un incremento de la calidad del servicio en 11%, el informe resalta que el problema fundamental es hacer pagar a los usuarios.
“Ahora bien, en la actualidad resulta difícil implementar medidas represivas contra la falta de pago”, señala el documento suscrito, además de Attali, por el empresario José Luis Corripio (Pepín), el economista Carlos Asilis, el jurista Eduardo Jorge Prats, la cientista social Rosa Rita Álvarez y los expertos extranjeros Mathilde Lemoine, Jeffrey Owens, Mario Pezzini, Marc Stube e Ian Whitman.
Y añade: “Cuando se detecta un usuario fraudulento, la empresa de distribución no puede cortar la línea, ya que debe solicitar autorización de la Superintendencia de Electricidad.”
Indica que para lograr dicha autorización, el distribuidor debe demostrar la cantidad de energía que ha sido robada, para que la Superintendencia de Electricidad emita una opinión que involucra varios niveles de validación intermedia.
Attali sugiere acelerar la implementación de una nueva tabla de precios, la instalación de contadores individuales y garantizar que todas las entidades públicas paguen la energía que consumen. Resalta las debilidades del sistema de generación dominicano, al que define como poco eficaz y obsoleto, por el uso de derivados del petróleo como combustible. Según la CDEEE, al final de 2011 el 50% del parque energético de RD estará funcionando en base a gas natural, lo cual deberá impactar positivamente en las tarifas que, de acuerdo con el reporte son superiores a la media observada en la región. (DL-24)
