Seguridad jurídica no es una teoría, RD la promete pero… ¿se ocupa de hacerla realidad?
“Seguridad jurídica significa pues, garantías de estabilidad en el tráfico jurídico, respeto a las normas establecidas por parte de la autoridad, certeza de derecho y consecuente previsibilidad, confianza y predeterminación en la conducta exigible a los poderes públicos que conforman el Estado” (Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional).
“La seguridad jurídica se refiere a la certeza que tienen los gobernados, es decir, los individuos, de que su persona, su familia, sus pertenecías y derechos estén protegidos por las diferentes leyes y sus autoridades, y en caso de que se tenga que llevar a cabo un procedimiento legal, éste sea realizado según lo establecido en el marco jurídico”.
La seguridad jurídica es presupuesto esencial para la realización del tráfico económico, puesto que el correcto funcionamiento de los mercados exige el eficaz desarrollo de las relaciones jurídicas y la confianza de los agentes, en que sus actos, que provocan la circulación de la riqueza, serán conformes a la ley.
La seguridad jurídica no es poesía, teoría jurídica o palabras que se las lleva el viento. Es la garantía de que la ley se respeta, se cumple, el sistema de justicia funciona y los poderes públicos no interfieren. Las instituciones que promueven las inversiones en nuestro país, insisten en que uno de los atractivos para invertir aquí es que ofrecemos seguridad jurídica.
En estos días, pensando en el esfuerzo del Ministerio de Turismo para atraer inversionistas, me he preguntado: Seguridad jurídica, ¿cuál? Esto a propósito de la historia de un grupo de inversionistas españoles que adquirieron las empresas Hacienda Tropical y Yupa, dos entidades dominicanas propietarias de una importante área turística en el litoral Cabeza de Toro-Cabo Engaño.
Sus planes de inversión se vieron frustrados por las ocupaciones ilegales y otros intentos de despojarlos de su propiedad. En julio pasado, después de 14 años batallando en los tribunales lograron una sentencia para desalojar a una persona que ni siquiera tenía título, pero si dinero y amigos en los tribunales y el poder político. También ganaron otra batalla más larga aún, para que se le reconociera sus derechos sobre otra de las parcelas adquiridas, también registrada hace décadas.
Después de semanas en las oficinas de los fiscales, lograron poner en marcha uno de los desalojos que se hizo el viernes 11 de octubre pasado. Lo siguiente fue la visita de un militar con rango de coronel indagando sobre el hecho y cuestionando la seguridad privada que protege la entrada a la propiedad. El fiscal actuante y el oficial de la Policía que actuaron, fueron llamados a Santo Domingo para explicar. El sábado, otros dos ocupantes ilegales con sentencias para ser desalojados se ocuparon de avisar que el éxito del desalojo sería efímero y no pasaría de los 5 días.
Ayer jueves llegó el Procurador General Ambiental, acompañado con seis fiscales y el coronel con varios soldados. También estaba en su equipo el ocupante ilegal en contra del cual, hace 3 meses, y después de 18 años de batalla legal, un tribunal dictó una sentencia definitiva y ordenó el desalojo inmediato. Este señor –que había avisado el sábado que el la celebración del desalojo no pasaría de 5 días, se comportaba como el director del pelotón. Anuncio que habría una querella contra los inversionistas por daños al medio ambiente y por sacar arena de la playa. Y la querella fue puesta en marcha.
El grupo destruyó el ligero cerco que impedía el acceso a una propiedad privada (no a la playa), que ahora quedó desprotegida, porque además incautó la camioneta de la empresa de seguridad que tenía a su cargo cuidar la propiedad e impedir el uso de la solitaria playa, para viajes ilegales, tráfico de sustancias prohibidas e impedir el robo nocturno de arena.
Unos inversionistas compran una propiedad documentada, registrada, como se ha comprobado una y otra vez en los tribunales, batallan por sus derechos 18 años, finalmente ganan y ahora los persiguen fiscales y militares. Para que no falte nada, sigue pendiente una sentencia que lleva 17 meses esperando ser firmada. Quizás quieren dar un tiro de gracias a nuestra precaria seguridad jurídica.
