Seguridad jurídica e institucionalidad
Recientemente realicé una visita al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, para compartir con él ideas que había expuesto en el seminario “El Impacto de la seguridad jurídica sobre la inversión extranjera en República Dominicana”, auspiciado por la Mesa de la Mancomunidad Británica en el país, las cuales versaron sobre el mejoramiento de la Jurisdicción Inmobiliaria.
Además, para explicarle sobre el claro abuso del sistema judicial en República Dominicana, por parte de desaprensivos que intentan chantajear a propietarios de inmuebles titulados por décadas, mediante demandas frívolas, ya conocidas en más de una ocasión, incluso por la propia Suprema Corte de Justicia, con el único interés de “ensuciar el título”.
Lo anterior, impidiendo el desarrollo de importantes proyectos de viviendas de bajo costo, y turísticos, con el consecuente costo económico y de tiempo, no solo para los demandados, para el Estado dominicano, que somos todos y para el sistema judicial dominicano.
Algunos de los fallos principales en la Jurisdicción Inmobiliaria que hube de exponer son: la grave deficiencia en el control parcelario, ya que no contamos con una cartografía digital depurada; el hecho de que a 9 años de haberse implementado el SIRCEA, todavía hay miles de planos de parcelas aprobadas y certificados de títulos sin escanear, no disponibles a los usuarios; la ausencia de suficientes computadores para los revisores, y receptores satelitales para las inspecciones por parte de las Dirección de Mensuras Catastrales; la inadecuada capacitación académica de muchos agrimensores y por supuesto, el mal principal que aqueja al sistema inmobiliario que es, la “fábrica” de inmuebles mediante la aprobación de planos desplazados y/o rodados, que resultan estar solapados o superpuestos con planos que corresponden a derechos ya registrados, sin un mecanismo administrativo oficial para su gestión y eliminación en breve plazo.
Le expuse que recomendaciones de fácil implementación son la certificación técnica cada 3 años de todo agrimensor en ejercicio; y de igual forma la colocación de proyectores audiovisuales y pantallas en los tribunales de tierras para hacer las audiencias “interactivas” y exponer en público a los tontos y a los que se hacen los tontos; por mencionar algunas. Al fin y al cabo, no ocurre eso con los abogados al exponer nuestros argumentos en público.
Obviamente, la solución a esos “inmuebles virtuales”, fruto de errores, negligencias técnicas o de intentos de fraude, suponen un proceso judicial por parte del propietario del inmueble afectado que requiere asesoría legal y técnica, con el consecuente gasto, nueva vez, en tiempo y dinero, para el afectado y para el Estado dominicano.
El magistrado Germán me respondió más o menos con lo siguiente:
“El presupuesto asignado al Poder Judicial en los últimos nueve años afecta cada vez más el desempeño de una adecuada administración de justicia y representa únicamente el 1.31% del presupuesto general del Estado. Más aún, el 97% de ese presupuesto se va en gastos fijos y operacionales y la cantidad sobrante a gastos de capital, lo que simplemente resulta insuficiente”.
“Más aún, el Poder Judicial tiene 108 plazas de jueces vacantes y 230 puestos de empleados administrativos que no han sido suplidos”.
“Lo anterior para decirte además que como es conocido, tenemos furgones habilitados para impartir justicia, situación indigna de lo que representa, y que la crítica que hacen y tú haces a la rotación de jueces tiene su causa en las precariedades del sistema, que deviene en el uso de “jueces” que no han salido de la Escuela de la Magistratura y cuyo nivel de compromiso con la Justicia y la sociedad dominicana, en el mejor de los casos, es reducido”.
Hablamos de la perentoria necesidad de contar con un Poder Judicial que responda a la realidad actual de una sociedad dominicana que excede los 10 millones de habitantes, que reclama mayor democracia, seguridad jurídica e institucionalidad y que demanda una sana y capaz administración de justicia.
Una de las fortalezas de las naciones más desarrolladas del mundo es el Poder Judicial, bastión principal para la seguridad jurídica y la institucionalidad, y la República Dominicana debe apostar a ello, y asumirlo como una tarea de todos.
El Poder Judicial será incapaz de responder a las necesidades más fundamentales y apremiantes de la sociedad cuando el presupuesto que le es asignado es su primer limitante para desarrollarse íntegramente.
Por Enrique E. De Marchena Kaluche
