RD evitaría decrecer con Stand-By de FMI
Representantes del sector empresarial, así como un economista, sostienen que RD debe ahora firmar un acuerdo Stand-By con el FMI para asegurar el acceso a nuevos financiamientos externos.
Entienden que con esos recursos, que alcanzarían los US$800 ó US$1,000 millones, se podría incentivar la producción e impulsar el desarrollo de la industria nacional y evitar así que el crecimiento del país sea negativo este año.
Los presidentes de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), Fernando Capellán, y de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Ricardo Koenig, así como el ex presidente del CONEP, Celso Marranzini Pérez, y el economista y ex gobernador del Banco Central, Carlos Despradel, aseguran que un acuerdo Stand-By con el FMI en estos momentos sería un apoyo al mantenimiento de la estabilidad económica de RD.
En la actualidad, y desde el 12 de enero de 2009, el país mantiene un acuerdo denominado Post Monitoreo del Acuerdo Stand-By, que finalizó en enero de 2008.
Este convenio de monitoreo no contempla financiamientos ni sanciones para el país, en el caso de no cumplir con sus metas para impulsar su economía, pero sí le permite buena imagen internacional.
Capellán consideró que con esa firma con el FMI debe producirse una mejoría de la situación económica y contribuir a erradicar la falta de competitividad que tiene el sector exportador dominicano.
Koenig consideró que con un acuerdo Stand-By con el FMI, combinado con las medidas del Banco Central de canalizar financiamientos, se evitaría que el aparato productivo nacional siga estancado con niveles de venta reducidos.
Marranzini Pérez refirió que “la disminución de las recaudaciones de parte del Gobierno necesitan una inyección de recursos frescos para que no caigamos en un déficit fiscal”, por lo que justifica un acuerdo con el FMI para obtener financiamiento.
Desprad dijo que ve conveniente que el país pacte con el FMI para obtener unos US$800 a US$1,000 millones que podría tener disponible el Gobierno para usarlos para combatir los efectos de la crisis económica internacional. EC-26).
