La presidenta argentina promulga la ley de expropiación de Aerolíneas Argentinas
La presidenta argentina, Cristina Kirchner, promulgó la ley aprobada la semana pasada por el Parlamento que habilita al Ejecutivo a expropiar declara empresa de interés público Aerolíneas Argentinas y sus subsidiarias al grupo español Marsans.
De acuerdo con Hosteltur, el decreto de promulgación de la norma fue publicado el miércoles 24 de diciembre en el Boletín Oficial de Argentina y lleva además las firmas del jefe de Gabinete, Sergio Massa, y del ministro de Planificación, Julio de Vido.
La ley declara como empresas de “utilidad pública y sujetas a expropiación” a Aerolíneas y sus subsidiarias Austral (vuelos domésticos), Optar (operador de turismo), Jet Paq (carga) y Aerohandling (servicios de rampa).
Marsans ha calificado esta expropiación como una “confiscación arbitraria e ilegítima”, porque contradice el acuerdo firmado por el grupo y el Gobierno argentino en julio pasado, por el cual el Estado se comprometió a comprar Aerolíneas.
Marsans solicitó el pasado día 12 un arbitraje ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, donde buscará una “compensación monetaria por la confiscación que el Estado argentino está instrumentando y por todas las violaciones a los tratados que han ocurrido en los últimos años”.
La Ley de Expropiaciones de Argentina, aprobada en 1977, establece que el objeto de expropiación debe ser antes declarado de “utilidad pública” y que por él debe pagarse una indemnización que “solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”.
Según esta norma, el Estado deberá pagar la indemnización de acuerdo a lo que establezca el Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo que ya determinó que Aerolíneas tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que el Estado debería pagar un “valor simbólico” de un peso. Para Marsans, dueño del 94,41% de Aerolíneas, la compañía vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.
La Ley de Expropiaciones establece que si no hay avenencia respecto del valor de los bienes, la cuestión deberá resolverse mediante un juicio sumario. Una comisión parlamentaria recomendó en noviembre debatir esta ley de expropiación, después de que Marsans rechazara vender la empresa al Estado argentino por un “valor simbólico”.
