Empresarios de Cabarete acusan a síndicos de desfalco por $102 millones del cabildo

La Asociación para el Desarrollo de Cabarete (ADECA) se querelló en la Fiscalía de Puerto Plata contra el actual y el pasado Director de la Junta Municipal de Cabarete a quienes acusa por un desfalco de más de RD$102 millones en el período comprendido entre los años 2004 y 2012; acción que destapa la mayor trama delictiva conocida hasta el momento en el ámbito municipal.
La querella involucra a Gabriel Antonio Mora (alias Canoa) actual Director Municipal de Cabarete y quien ocupa el cargo desde el 2008, y Eddy Morfe quien desempeño la función hasta el 2008. Canoa también estuvo en la posición los años 2004 a 2005.  Además sugiere investigar a familiares de Canoa y otras personas citadas en la denuncia, vinculadas por cobro de obras no realizadas, cambio de cheques, falsificación de firmas y otros hechos.
ADECA solicitó que Morfe, Canoa y sus socios en la trama delictiva sean enviados a prisión como medida de coerción y condenados a 5 años de prisión y degradación cívica para que no puedan ejercer ningún cargo público.
La información sobre la querella fue entregada a los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que participaron el doctor David La Hoz, abogado a cargo de la acusación y Michel Gay Crosier, empresario hotelero de Cabarete, que es el actual presidente de ADECA. La querella fue presentada el pasado 29 de octubre en la fiscalía de Puerto Plata y el 31 de octubre en la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA). También aparece como abogada de la asociación junto con La Hoz, la licenciada  Cándida Gil.
El presidente de ADECA Gay Crosier pidió al Procurador General de la República y al ministerio público de Puerto Plata acelerar las investigaciones y acciones para detener esta escandalosa dilapidación de los recursos que pronto cumplirá una década; y solicitó al Presidente Danilo Medina y a los líderes del PLD, del PRSC, especialmente a Carlos Morales Troncoso, y del PRD, desmontar el manto de protección política y de los funcionarios locales, que existe en la provincia de Puerto Plata en favor de Canoa y sus compinches.
Dijo que lo mínimo que espera la comunidad es que el ayuntamiento de Sosúa suspenda de sus funciones como Director del Distrito Municipal a Canoa, tal y como ha sido solicitado por ADECA, ya que los ciudadanos y empresarios de  Cabarete no se merecen ser representados y dirigidos por personas de esa calaña.
Ayer domingo el presidente Medina visitó a Cabarete e intercambio con empresarios y hoteleros de  la zona, principalmente con los dirigentes de ADECA, Tomas Calender y Gay Grocier, quien dijo que también había informado al mandatario sobre un intento de  apropiación del espacio público en la tradicional zona de playa de Cabarete, con la anuencia de las autoridades de la provincia.

Abultado historial de querellas

Es la segunda querella que enfrenta Canoa por corrupción ya que en agosto pasado fue sometido ante una corte de Puerto Plata por la DPCA, basándose en un informe de auditoría de la Cámara de Cuentas según el cual la Junta del Distrito Municipal de Cabarete realizó transacciones por $119.4 millones  a través de diferentes cuentas  sin que existan “los documentos que respalden de manera satisfactoria los referidos desembolsos”. Esta suma que es igual al 70% de los $170.3 millones de la ejecución presupuestaria de los años 2004 al 2010.
La querella de ADECA se suma al historial  de conflictos en que ha estado envuelto Canoa, que además de la iniciativa del DPCA este año, ya fue sometido a la justicia (diciembre 2008) por destruir un área protegida, que está sometido por falsificación del libro de actas de la Junta Distrital (julio 2011), tiene una querella por disparar contra un conductor y su vehículo (abril 2012) y que es el primer funcionario que está siendo procesado por negarse a entregar información pública (Julio 2012).
Canoa fue nuevamente sometido este año por ADECA porque se negó otra vez a entregar información sobre el manejo de la Junta Distrital de Cabarete; pero todos los procesos en su contra “caminan  lentos” en Puerto Plata, dijo La Hoz.
Las acciones de los empresarios de Cabarete contra Canoa y la Junta Distrital se iniciaron en el 2008 con las denuncias que obligaron a revocar la privatización de la tesorería municipal, considerada un hecho insólito, y un contrato de recogida de la basura. Ambos contratos fueron hechos en violación a la ley de contratación del Estado.
Una de sus respuestas fue iniciar un proceso contra el Gay Crosier  por una supuesta violación a las regulaciones ambientales, para el cual falsificó un acta de la Junta Distrital. Esta acción fue desestimada en todas las instancias y por ella ahora enfrenta una demanda y una querella por falsificación que protagoniza la DCPA.

Asociación de malhechores

El doctor La Hoz informó que se acusa a Canoa y Morfe de desfalco, abstención y colusión por Violación de la ley 176-07 sobre los ayuntamientos, los artículos 146 y 148 de la Constitución de la República y los artículos del Código Penal Dominicano relativos a desfalco (Art. 171), prevaricación (Art. 166), concusión (Art. 174), asociación de malhechores y otros.  La Hoz dijo que la querella de ADECA es con constitución de la organización como actor civil.
Dijo que un análisis de la documentación en manos de la Asociación hecho por un contador encontró que sólo en una supuesta aplicación de asfalto en Cabarete sin contratos ni soportes justificativo en los años 2008 y 2009 se esfumaron RD$54 millones de pesos; y unos RD$10 millones en cheques emitidos a nombre de Guarionex Sánchez y  cambiados por el tesorero municipal y un hermano de Canoa. También se emitieron cheques por más de RD$2.5 millones a favor de tres hermanos de Canoa, y otros RD$15 millones emitidos con facturas y firmas falsificadas.
Explicó que la acción iniciada se sustenta en el artículo 21 de la ley 176-07 sobre los ayuntamientos  que establece que en caso de violación a esta legislación “cualquier persona física o moral” podrá solicitar a las jurisdicciones panales competentes “la puesta en movimiento de la acción pública, en constituirse en calidad de querellante y actor civil según los términos del Código Procesal Penal y solicitar las sanciones correspondientes”.
La Hoz precisó además que esta ley “otorga legitimidad procesal a los munícipes en lo referente a la vigilancia y control de los gastos del ayuntamiento como de las labores que realiza”, por lo que establece el artículo 245 que instituye “los Comités de Auditoría Social o Comités Comunitarios de Obras como un mecanismo propio de la comunidad, con el objeto de vigilar los proyectos y obras a cargo del ayuntamiento”, de forma que las mismas “se realicen de acuerdo a lo planeado y presupuestado”.

Otros actores en la trama

El documento presentado a la fiscalía de Puerto Plata pide que se cite a Claritza Ruiz,  Presidenta Sala Capitular; a Humberto Mora,  el hermano de Canoa que ha cambiado durante años todos los cheques del ayuntamiento; a Oscar Peña, mensajero del ayuntamiento con muchos cheques a su nombre y ha cambiado muchos cheques; a David González Medina, a favor del cual se emitieron RD$2 millones en cheques por venta de grama sobrevaluada, sin soporte y con firma falsificada.
También que se interrogue a Guarionex Sánchez,   quien  aparece desde 2004 colocando un caliche que no existe y cobrando obras de Cabarete sin hacerla; a Rey Ángel Arvelo quien ha cambiado numerosos cheques del ayuntamiento, y a Federico Sánchez Morales, quien tiene un contrato de RD$93 mil mensuales para el mantenimiento de la grama y palma de la carretera de Cabarete.

La querella afirma que Morfe y Mora “constituyen una asociación de malhechores en perjuicio de los bienes de la Junta Municipal de Cabarete, en la cual se han turnado en su Administración y en la comisión de los hechos que le son imputables mutuamente y para sus respectivos periodos de administración”.

Además, que han actuado “para sustraer cuantiosas sumas del presupuesto de cada año del Ayuntamiento del Distrito Municipal de Cabarete, durante las administraciones del mismo, bajo su entera dirección. Hecho que en buen derecho significa desfalco planificado y ejecutado”.

La Hoz afirma que en este caso existe colusión “es decir un acuerdo secreto entre dos o más personas para perjudicar a un tercero, que esta vez es el Ayuntamiento del Distrito Municipal de Cabarete y sus munícipes, como ADECA, a cuyos socios se les exige arbitrios pero no se les da participación en el destino de los mismos ni en la elaboración de las políticas públicas, en violación a lo que manda la ley de ayuntamientos.

La querella de la DPCA en agosto

El doctor La Hoz pidió a la Procuraduría General de la República actuar para romper la inercia del ministerio público en Puerto Plata y acelerar el proceso de investigación y la abultada lista de procesos que involucran a Canoa y sus cómplices en Cabarete, Sosúa y Puerto Plata.

La investigación citada hecha por la Camara sobre la ejecución presupuestaria y que motivó la querella de la DCPA de agosto pasado, abarca el período 2004 – 2010, en el cual actuaron Morfe y Mora (Canoa), bajo cuyo mandato se ejecutó el 54% de los recursos erogados en el período ya que sólo en los años 2009 y 2010 se gastaron $91.1 millones.
El informe señala que los “estados de ejecución presupuestaria no presentan razonablemente en todos sus aspectos los ingresos y desembolsos realizados” en el período, y señala que se violaron las disposiciones de las leyes de organización municipal,  de municipios, de presupuesto, de contrataciones públicas, de función pública, el Código Tributario y otras disposiciones.
Esta auditoría revela  que se asignaron obras por valor de $81.6 millones sin contratos, principalmente en los años 2009 ($40 millones) y 2010 ($26 millones), bajo el mandato de Canoa, y se comprobó el pago de $57.2 millones a contratistas de obras sin los soportes justificativos, principalmente a la Corporación Norteña de Asfalto, a las constructoras Kuky Silverio Industrial, Sánchez, Julio Melquiades Valdez , Lorenzo Sarita, Rolando Bonilla Smith y Transportes Dominguez.
En Distrito recibió ingresos por $30.6 millones  “de los cuales se comprobó que los recibos de ingresos superan los depósitos y viceversa”. A los volantes de depósitos “no se les anexaron los recibos de ingresos correspondientes”.   También, pagó de $224 mil por avances de construcción cuyos beneficiarios difieren de los que figuran en las facturas anexas como justificación; se emitieron recibos por $39.1 millones por licencias de construcción sin anexar los documentos relacionados, y se pagaron $2.2 millones en combustibles con cheques a nombre de funcionarios y empleados o personas físicas.