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¿Cuál es su valoración de la ley 158-01 de Incentivos al Turismo?

Por Enrique E. De Marchena Kaluche

De DMK Abogados

Mi valoración no puede ser más que positiva por el enorme impacto que ha tenido la misma para la República Dominicana en sus 25 años de historia; impacto en la atracción de inversiones, el ingreso en divisas a las cuentas nacionales y la generación de empleos directos e indirectos.

Ahora bien, siempre he afirmado que las políticas públicas, aun cuando hayan tenido un impacto favorable, requieren revisión de tiempo en tiempo. En este caso, la última enmienda a la Ley data del año 2013, mediante la Ley 195-13, que, entre otros cambios, amplió de 10 a 15 años el plazo de los incentivos fiscales. Desde entonces ha transcurrido más de una década sin que la norma haya sido revisada, a pesar de las transformaciones que ha experimentado el sector turístico a nivel global en ese período.

Por otra parte, de lo que también he sido crítico es que a mi entender en un momento dado la administración de turno, sin valorar profundamente su impacto y solo viendo lo inmediato, desnaturalizó la letra y el espíritu de la Ley en al menos 2 aspectos.  La letra de la Ley porque aprobó proyectos ubicados en polos turísticos no permitidos por la Ley, y peor aún desvirtuó el espíritu de la Ley porque aprobó proyectos turísticos inmobiliarios sin un componente hotelero o de oferta turística complementaria, lo cual la Ley no contemplaba. Afirmaba y afirmo que para hacer una simple operación de compra y venta inmobiliaria no hacen falta incentivos fiscales a 15 años.

Peor resulta que fruto de esa aprobación hayan surgido proyectos residenciales que se han convertido en comerciales bajo la figura del arrendamiento de renta corta, sin haber medido el impacto en lahotelería tradicional, en consecuencia, sin planificación, sin protección al consumidor (que no es más que el huésped), y sin una legislación especializada.

Esas habitaciones de renta corta hoy suman aproximadamente 140,000, en apartamentos, villas y condominios. Según el Banco Central, el 34% de los extranjeros no residentes llegados por vía aérea en 2025 se alojó fuera de hoteles, principalmente en este tipo de alojamiento.

República Dominicana es un caso de éxito en materia de visitación y lo es en generación de inversión y empleos, pero ha llegado el momento, el estadio de su desarrollo, en el cual debe tomar plena conciencia de la importancia de dar la debida protección a los huéspedes que consumen el producto turístico nacional.

Otro ejemplo de lo anterior es la Resolución que norma lo que entonces se conocía como tiempo compartido fechada 10 de agosto de 2001, y que hoy resulta totalmente obsoleta, no solamente por su pobre alcance, sino por el paso del tiempo.  El “Tiempo Compartido” o Timeshare tiene hoy una variedad de acepciones o derivados, entre ellas los clubes de vacaciones que requieren ser normados en protección del consumidor tal cual ocurre en naciones con las cuales competimos directamente como es el caso de México o en nuestra madre patria (incluso hotelera), España.

Finalmente, el país ha sufrido una extraordinaria y positiva revolución con el arribo de las principales marcas norteamericanas de carácter global a la industria hotelera e incluso al sector de restaurantes, entre otros, lo que ha impactado positivamente en la elevación de las calidades, en una mejor formación del personal, en acceder a centrales de reservas de carácter global, a un mercadeo más especializado, pero también resulta oportuno entender la importancia de contar con una legislación especializada a la cual pueda referirse el usuario que no es más que el consumidor, en protección de sus derechos.