Aboga por gobernanza garantice acueducto integral llevará agua con eficiencia por más de 20 años a Verón-Punta Cana
VERÓN, Punta Cana.-La comunidad de Verón-Punta Cana necesita un sistema de gobernanza que garantice que dentro de 20 años el agua seguirá llegando, con la misma eficiencia con la que hoy se firma el contrato por US$400.0 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa Integral de Acueducto, Saneamiento y el Reúso del líquido.
Así lo planteó Paul Beswick, en un artículo publicado en Diario Libre, en el cual afirma que el modelo de gobernanza aprobado 4-3-2 no constituye un lujo institucional, sino “la única garantía real de que el proyecto sobreviva” en el tiempo a los gobiernos.
El modelo, explicó, -un Consejo de Administración Mixto con representación del Estado, sector privado y sociedad civil- no es una concesión ideológica, sino una arquitectura de protección institucional, donde cada pilar cumple una función insustituible.
En ese modelo -dijo- el Estado, a través de INAPA, aporta la legitimidad regulatoria y la capacidad operativa técnica: administrar el sistema día a día es, correctamente, su responsabilidad. Pero la operación no debe confundirse con la gestión y decisión estratégica.
Para Paul Beswick, el sector privado, con presencia directa aporta algo que el aparato estatal rara vez tiene: disciplina financiera, visión de sostenibilidad a largo plazo y un interés económico directo en que el sistema funcione. Por lo que, aseguró, la industria turística que sostiene la economía de la región no puede permitirse un acueducto ineficiente; su participación en las decisiones fundamentales convierte ese interés en garantía institucional.
Mientras la sociedad civil, manifestó, aporta lo que ni el Estado ni el sector privado pueden ofrecer por sí solos: legitimidad social y vigilancia ciudadana, “por lo que un proyecto de esta magnitud que afecta directamente el acceso al agua de comunidades locales no puede diseñarse y ejecutarse a espaldas de quienes lo viven. Su presencia en el Comité Superior Estratégico es la diferencia entre un proyecto impuesto y un proyecto apropiado por la población”.
“Juntos, estos tres pilares constituyen algo más que una fórmula de reparto de poder: constituyen un sistema de pesos y contrapesos donde ninguna decisión fundamental depende de un solo actor. La operación queda en las manos técnicas de INAPA, pero las decisiones que determinan sostenibilidad, tarifas, inversión y transparencia ante el BID dependen de un cuerpo colegiado que ningún cambio de gobierno puede desmantelar de un plumazo”, puntualizó Beswick.
Tras considerar que el proyecto representa una de las inversiones más ambiciosas en infraestructura hídricas que ha visto la región Este, Beswick señaló que ninguna cifra, por generosa que sea, garantiza el éxito si la gobernanza que lo administra repite los vicios que han hundido tantas iniciativas públicas en el país: discrecionalidad, opacidad y la captura política.
En la experiencia dominicana más favorable, afirmó, con proyectos de infraestructura gubernamentales, ha sido, en el mejor de los casos, mixta, pero “cambios de gobierno traen cambios de prioridades, de personal técnico y, con frecuencia, de rumbo institucional completo. Un proyecto de esta envergadura, estratégico, con horizontes de ejecución que exceda un período presidencial, no puede quedar sujeto a esa volatilidad”.
Beswick aseguro que en el país no es un secreto para nadie, que la gobernanza puramente estatal, sin contrapesos, es estructuralmente vulnerable al clientelismo y a la falta de continuidad técnica, por lo que ese proyecto constituye “el verdadero desafío de Verón-Punta Cana”.
