ADORECO destapa nueve grietas en el proyecto RENATUR y exige una mesa técnica antes de firmar

La Asociación Dominicana de Rentas Cortas (ADORECO) informó que el pasado viernes 31 de julio depositó ante el Ministerio de Turismo (MITUR) sus observaciones y cambios que a su entender como parte interesado requiere el proyecto para crear un Registro Nacional de Hospedaje Turístico (RENATUR) y regular los servicios de alojamiento turístico en viviendas.

El documento, elaborado por el Equipo Técnico Legal de la Asociación como parte del proceso de consulta pública convocado por MITUR, plantea que la regulación es necesaria, pero la propuesta del ministerio necesita ajustes técnicos antes de convertirse en norma.

La información fue compartida en una nota de prensa, donde se detalla que según el análisis de ADORECO, los proyectos de resolución parten de una premisa jurídica que debe revisarse: regulan las rentas de viviendas para fines turísticos con la misma lógica de la actividad hotelera tradicional. Ese enfoque, advierte la Asociación, podría imponer obligaciones, cargas administrativas y procedimientos que no corresponden a la naturaleza de esta actividad ni a la diversidad de actores que la integran, desde el pequeño anfitrión hasta el operador profesional.

Las observaciones que presentan en la nota de prensa son las siguientes:

▪ Trámite triplicado: un mismo inmueble podría verse obligado a registrarse dos o tres veces, en portales distintos, con nombres distintos para lo que en teoría es un solo registro.

▪ Nadie sabe quién responde: propietario, administrador y anfitrión aparecen mezclados en el texto, sin que quede claro quién es responsable ante MITUR por cada inmueble.

▪ Al pequeño se le exige como al grande: no existe una categoría de “anfitrión ocasional”; quien alquila su propia vivienda de forma esporádica queda sujeto a las mismas cargas documentales que un operador con un portafolio comercial de decenas de unidades.

▪ Un seguro que el mercado todavía no tiene: se exige una póliza de responsabilidad civil sin verificar si existe, hoy, un producto certificado y accesible para el pequeño anfitrión.

Mientras que para la seguridad jurídica del país

▪ La puerta trasera del fisco: se exige un identificador de la DGII incluso a propiedades exentas del impuesto sobre la vivienda suntuaria, abriendo la puerta a que el registro turístico termine usándose como mecanismo indirecto de cobro tributario.

▪ Zonas enteras fuera del sistema: exigir título de propiedad definitivo, sin excepción, dejaría fuera del registro formal a anfitriones de zonas turísticas como Samaná y Pedernales, donde numerosos inmuebles están en procesos activos de saneamiento o deslinde ante la Jurisdicción Inmobiliaria y aún no cuentan con un título depurado.

▪ Doble sanción por el mismo hecho: el proyecto le da a MITUR la potestad de sancionar la publicidad engañosa, una competencia que ya ejerce ProConsumidor, lo que abre la puerta a que un mismo anfitrión sea juzgado dos veces por lo mismo.

▪ Datos de huéspedes y anfitriones sin candado claro: la información personal circularía entre MITUR, las plataformas digitales y la DGII sin que el texto defina garantías de consentimiento ni de uso de esos datos.

▪ Una norma que se revisa sola: el proyecto prevé una revisión cada dos años sin abrir, en ese momento, un nuevo espacio de consulta con los sectores regulados.

Conversación previa 

El acercamiento no es nuevo. El pasado 20 de julio se sostuvo una conversación con la consultora jurídica de MITUR, Brenda Morales, en la que se abordó la conveniencia de habilitar una Mesa Técnica de Trabajo antes de la aprobación definitiva de las resoluciones.

ADORECO pide que sus observaciones se incorporen al expediente administrativo, se evalúen antes de firmarse la norma, y se discutan en una Mesa Técnica Multisectorial con representantes del Estado, la academia, especialistas, gremios empresariales y plataformas tecnológicas.

“Nuestro análisis no cuestiona la necesidad de regular las rentas cortas. Todo lo contrario: demuestra que una regulación técnicamente mejor diseñada protege tanto el interés público como la seguridad jurídica de quienes desarrollan esta actividad”, dijo Yajaira Y. Sosa, presidenta de ADORECO.

Para ADORECO advierte que una resolución de MITUR que no incorpore sus observaciones puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo, y terminar anulada después de meses o años de aplicación, asegura el documento.

Indican que la Asociación insiste en que es preferible corregir el texto antes de firmarlo que litigarlo después.

Finalmente destaca que ADORECO reitera su respaldo a una regulación moderna del sector de rentas cortas, ajustada a la realidad jurídica, geográfica y catastral del país.