Turismo deportivo en República Dominicana: una atractiva promesa que todavía nadie ha auditado
República Dominicana trasciende el modelo de sol y playa para conquistar una nueva frontera: el turismo deportivo. Entre reformas fiscales, grandes eventos internacionales y la ambición de sus atletas, el país se redefine como un hub regional, buscando transformar su geografía en el escenario de una industria que apuesta, definitivamente, por el valor sobre el volumen
Hay que madrugar hasta rozar el alba para entender el sacrificio que conlleva el deporte profesional. En el Mirador Sur, cuando la luz aún es tibia y la humedad abraza la piel, el silencio se mide en el golpe limpio de unas zancadas sobre el asfalto.
En esa cadencia rítmica, Elías Santos, primer peleador dominicano en ganar dos títulos de MMA, exprime el asfalto bajo la atenta mirada de Jesús Yunén, su entrenador, un veterano sensei que vigila cada pisada con devoción casi mística. En las piernas de Santos no hay prisa, hay una obsesión clara: la gloria en el cuadrilátero.
Esta escena cotidiana es, a su vez, la viva metáfora de un país que intenta acelerar el paso. Históricamente aclamada como un edén de descanso de sol y playa, República Dominicana afronta ahora un desafío estructural: cómo capitalizar el vigor de sus deportistas y la belleza de su geografía para adentrarse con fuerza en el competitivo mercado global del turismo deportivo.
El debate no es menor y ha cobrado rango de política de Estado. Durante el III Foro BHD de Turismo e Inversión celebrado en Madrid en el marco de FITUR 2026, los líderes de la industria sellaron la llamada Declaración de Madrid. La conclusión central fue rotunda: el turismo ha dejado de ser un mero sector comercial para transformarse en una infraestructura económica clave que impacta de manera integral en el empleo, el ordenamiento territorial y el sector financiero.
Las cifras del entorno regional dimensionan la envergadura del negocio. El turismo en el Caribe genera unos 86.000 millones de dólares anuales, el 18% del PIB regional, y sostiene cerca de tres millones de empleos. En el plano local, República Dominicana viene de registrar un año histórico con 11,7 millones de visitantes y aportes superiores a los 21.000 millones de dólares (un 16% del PIB nacional).
Sin embargo, las autoridades y expertos, como la viceministra técnica de Turismo Jacqueline Mora, y los ejecutivos hoteleros e internacionales, coinciden en que el éxito futuro radica en transitar “del volumen al valor”. Y es ahí donde el nicho de los eventos deportivos y el turismo multipropósito actúan como el gran acelerador anticíclico para diversificar la oferta y reducir la estacionalidad.
“La diversificación turística no es una aspiración teórica; es una estrategia que se está construyendo con planificación, inteligencia y alianzas”, ha asegurado públicamente Mora.
A pesar del posicionamiento del país como un potencial hub turístico regional y de poseer una conectividad aérea que, según la Junta de Aviación Civil (JAC), es la más amplia de América Latina y el Caribe, con conexiones hacia más de 150 destinos internacionales, los diagnósticos revelan un desfase. Según datos de la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (ADOTURD), apenas el 2% de los turistas que ingresan al país lo hacen motivados por razones deportivas, una cifra muy lejana al 10% de la media global que estima la Organización Mundial del Turismo.
Traducido a números concretos, esa brecha es más elocuente que el propio porcentaje: sobre la base de los 11,7 millones de visitantes que recibió el país el último año, el 2% actual representa unos 234.000 turistas deportivos, mientras que alcanzar la media global del 10%, sin necesidad de que crezca el total de llegadas multiplicaría por cinco esa cifra, hasta rozar el 1,2 millones de visitantes motivados específicamente por el deporte.
“El turismo deportivo representa una oportunidad estratégica para diversificar y fortalecer nuestra oferta. El reto es articular estos activos mediante una colaboración efectiva entre el Estado, el sector privado y el sector deportivo para atraer nuevos visitantes, generar más ingresos y aumentar nuestra competitividad internacional”, señala Yerik Pérez, presidente de ADOTURD.
Para superar este rezago histórico, la entidad trabaja de manera inicial, junto al Banco BHD, en el primer estudio formal de impacto económico del sector. El objetivo es desterrar los espejismos publicitarios y tomar decisiones basadas en evidencias auditables. “Esta iniciativa permitirá medir con rigor el aporte real del sector y fortalecer la planificación y la atracción de inversión”, asegura.
La expansión del impacto del turismo hacia destinos emergentes del sur o el noroeste, ideales para el deporte de aventura y el emprendimiento local, supone también robustecer con alianzas destinos tradicionales y consolidados. “La colaboración con ADOTURD nos permite seguir integrando el turismo deportivo dentro de la estrategia de desarrollo del destino La Romana, aprovechando activos ya consolidados y promoviendo nuevas experiencias que complementen nuestra oferta turística”, señala Andrés Fernández, presidente del Clúster Turístico La Romana-Bayahibe (CTRB).
Franquicias globales y derrame local
Uno de los ejemplos palpables de esta reconversión es la llegada de grandes licencias internacionales como Oceanman. Traer estas marcas exige afrontar costes elevados en derechos de franquicia, regalías y rigurosos estándares globales de seguridad y logística.
Frente a los críticos que argumentan que el impacto de estas citas es efímero y se desvanece en 48 o 72 horas, Rafael Miranda, organizador local de Oceanman, aporta métricas contrastadas: “En nuestro caso, el evento registra un índice de acompañamiento de 1,8 personas por participante, con estadías promedio que superan las cinco noches”.
Para los organizadores, la clave del éxito financiero de estas marcas-país radica en un trípode indisociable: inscripciones, patrocinios privados y el apoyo sostenido del Gobierno. La meta actual consiste en diseñar estrategias complementarias que inviten a ese flujo masivo de atletas de alto poder adquisitivo a consumir gastronomía local, explorar áreas protegidas y extender sus vacaciones familiares.
La tesis del impacto extendido se replica con todavía mayor contundencia en el extremo este de la isla. El IRONMAN 70.3 Cap Cana se ha consolidado como uno de los grandes buques insignia de este modelo. En su edición de 2026, la mítica prueba de resistencia inyectó, según el cálculo elaborado por la propia organización de Cap Cana, un impacto económico estimado de 6,5 millones de dólares en la zona.
Las tripas del evento explican el fenómeno: la competencia congregó a más de 1.000 atletas de 60 nacionalidades, arrastrando consigo a una marea de unos 11.000 asistentes entre familiares, técnicos y aficionados.
“Por cada atleta llegaron varios visitantes adicionales, multiplicando la demanda en restaurantes, transporte y comercios”, explica Jorge Subero, director ejecutivo de Cap Cana, al evaluar el impacto financiero real en la economía local: “Durante la semana de la carrera, los hoteles no solo colgaron el cartel de completo, sino que el beneficio se ramificó hacia una densa red de proveedores locales: desde firmas de montaje y logística hasta servicios médicos, seguridad y empresas de alimentación”.
Para Subero, el retorno va mucho más allá de las 72 horas de competición; se trata de una estrategia de seducción a largo plazo: “Muchos atletas descubren el destino a través del IRONMAN y posteriormente regresan como turistas con sus familias, o incluso exploran oportunidades de inversión inmobiliaria en la región”. El deporte, bajo esta óptica, deja de ser mero entretenimiento para operar como un captador de capitales y un dinamizador sostenible de toda la cadena de valor turística.
Conviene, sin embargo, matizar estas proyecciones con la evidencia disponible fuera del propio sector. La literatura económica sobre grandes eventos deportivos ha sido, en general, bastante más cauta que los organizadores: especialistas como los economistas estadounidenses Robert Baade y Victor Matheson llevan años documentando, en estudios publicados desde hace más de dos décadas en revistas y centros académicos como el College of the Holy Cross, una brecha sistemática entre las cifras que se anuncian antes de un evento y las que efectivamente se verifican después.
Según explicó el economista Óscar Cabrera, expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, durante un análisis presentado en la Universidad de El Salvador, el impacto real de los megaeventos deportivos suele quedar muy por debajo de las cifras oficiales proyectadas, y citó como ejemplo el Mundial de Brasil 2014, que prometía un aporte sostenido de 2,2% al PIB nacional pero terminó generando apenas una fracción de esa cifra en los dos años siguientes.
Parte del problema, según esta evidencia, es metodológico: los estudios de impacto encargados por organizadores u operadores tienden a sobreestimar el número de turistas atraídos específicamente por el evento, un sesgo que un equipo de investigadores liderado por Luis Fernando Aguado intentó corregir en su análisis de los Juegos Mundiales de Cali 2013, recurriendo a conteos administrativos directos en lugar de proyecciones.
A ello se suma el riesgo de los llamados “elefantes blancos”: instalaciones deportivas de alto costo construidas para un evento puntual que, sin un calendario sostenido de competencias, terminan infrautilizadas y generando cargas fiscales.
El patrón se repitió en Qatar 2022, donde se levantaron ocho estadios nuevos para un país de apenas 2,8 millones de habitantes, varios de los cuales hoy enfrentan planes de reconversión o desmantelamiento. La lección parece haber calado incluso en la industria: el propio Mundial 2026, que se disputó recientemente en México, Estados Unidos y Canadá, optó deliberadamente por jugar en dieciséis estadios ya existentes en lugar de construir infraestructura nueva, precisamente para evitar ese riesgo.
En el contexto dominicano, esa cautela ya no es solo una inferencia a partir de la literatura internacional: tiene voz propia. Huáscar Jiménez, PhD, director ejecutivo del Centro de Estudios Turísticos y Desarrollo Local (Cetdel), coincide en que las cifras que difunden los organizadores de eventos, inversión, empleos generados, ocupación hotelera asociada, son “una fuente de referencia importante”, pero advierte que para obtener una evaluación rigurosa “es recomendable complementar esta información con estudios independientes que permitan validar y ampliar los resultados”.
Sobre el propio dato del 2%, Jiménez precisa su origen: proviene de una encuesta del Ministerio de Turismo, y hasta donde alcanza su conocimiento, no se ha publicado todavía un estudio integral que cuantifique el impacto económico del turismo deportivo en el país, confirmación, desde la academia, de la misma laguna que la propia ADOTURD busca resolver con su estudio junto al Banco BHD.
Jiménez no llega a este debate de forma improvisada: en 2014 publicó, a través del Banco Central de la República Dominicana, un análisis titulado “Los Juegos Olímpicos: Costos vs. Beneficios”, donde documentó que este tipo de eventos impulsa la actividad económica durante la construcción y la celebración, pero que sus beneficios de largo plazo dependen enteramente de que la infraestructura mantenga un uso sostenible una vez terminado el evento.
Ese mismo dilema se juega ahora mismo, literalmente, en Santo Domingo: la Villa Olímpica construida en Ciudad Juan Bosch para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 será reconvertida en viviendas de bajo costo una vez concluida la competencia, un ejemplo, señala Jiménez, de “reutilización planificada de la inversión”.
El reto pendiente, advierte, será garantizar que el resto de las instalaciones deportivas del país sigan un modelo similar, mantenimiento estatal combinado con patronatos o alianzas público-privadas, para que no terminen convertidas en los “elefantes blancos” que ya documentó la literatura internacional en Sudáfrica, Brasil o Qatar.
Ninguna de estas advertencias invalida el potencial del turismo deportivo dominicano, pero sí sugiere que la promesa de “valor sobre volumen” solo será sostenible si las cifras de impacto hoy calculadas casi exclusivamente por organizadores y gremios interesados, se someten a la misma auditoría independiente que la propia ADOTURD reclama para el resto del sector.
Las claves del andamiaje legal
Adaptar la planta hotelera tradicional de República Dominicana para competir en los nichos deportivos de alta gama exige una reingeniería financiera mayúscula. Levantar complejos de tenis profesionales, instalar facilidades ecuestres de élite, construir muelles deportivos o asumir el milimétrico mantenimiento que requiere un campo de golf con estándares de la PGA implica inversiones de varios ceros que los hoteleros convencionales no siempre pueden o quieren asumir en solitario.
“Nuestra apuesta se apoya por un ecosistema de infraestructura deportiva diseñado para albergar experiencias y competencias de gran relevancia a nivel internacional como se ve reflejado en Puntacana Resort que alberga los campos de golf Corales Golf Course y La Cana Golf Course, reconocidos entre los mejores del Caribe; el centro de tenis Oscar de la Renta, concebido para la práctica de tenis y pádel; el Puntacana Polo Club, recientemente renovado con dos nuevas canchas de polo”, señala Paola Rainieri, Chief Marketing Officer de Grupo Puntacana.
“Nuestra alianza estratégica anunciada junto a CONCACAF para el desarrollo de un complejo de entrenamiento y competencias de alto rendimiento fortalecerá la infraestructura deportiva del destino y contribuirá a atraer equipos, eventos internacionales y nuevas oportunidades para el turismo deportivo en la República Dominicana”, destaca.
La pregunta que circula por los despachos del sector no es solo económica, sino fundamentalmente política: ¿es suficiente el marco legal actual para consolidar esta reconversión, o estamos ante un riesgo financiero que requiere un blindaje estatal específico? La respuesta institucional es ambiciosa, pero cautelosa.
Angie Lendor, vicepresidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de RD, ASONAHORES, sostiene que el país ya cuenta con las herramientas necesarias, citando la Ley 158-01 de CONFOTUR como el paraguas idóneo para fomentar instalaciones deportivas de vocación turística. Para la directiva, la combinación entre la geografía privilegiada y estos incentivos fiscales ya vigentes configura el escenario necesario para activar inversiones audaces.
Sin embargo, esta visión técnica choca con una realidad operativa que, desde la primera línea del deporte, se percibe como insuficiente. Jesús Yunén, entrenador de alto rendimiento, plantea una tesis disruptiva: “El deporte ha sido siempre uno de los grandes embajadores de República Dominicana en el exterior, pero históricamente le ha faltado un apoyo estructural por parte del Estado y de las grandes corporaciones, que a menudo lo ven como un gasto y no como una inversión rentable”, lamenta.
Para Yunén la solución no pasa únicamente por adaptar las leyes turísticas existentes, sino por imitar los modelos de éxito de otras industrias creativas del país: “La Ley de Cine fue una herramienta extraordinaria; al ofrecer incentivos fiscales claros y directos, consiguió que los empresarios invirtieran de inmediato y de forma masiva. El deporte dominicano necesita con urgencia una ley de incentivo similar. Sus retornos sociales, económicos y de proyección internacional serían idénticos o incluso superiores”.
Antes de imitar ese modelo, sin embargo, conviene medir lo que ya cuesta el actual. La economista Germania Montás, exsubdirectora de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), explica que ese cálculo existe y tiene nombre: gasto tributario, la estimación de lo que el fisco deja de recaudar por las leyes de incentivo, que el Ministerio de Hacienda está obligado a publicar cada año junto al Presupuesto General del Estado por mandato de la Ley 423-06.
Según el más reciente informe, el monto total dejado de percibir por todas las exenciones vigentes asciende a RD$393.541,5 millones para 2026, cerca del 4,5% del PIB, de los cuales RD$14.691 millones corresponden específicamente al sector turismo.
El país sí cuenta, además, con mecanismos de control previo: desde 2013, la Ley 253-12 exige que todo proyecto de exención identifique una fuente de compensación y que el Ministerio de Hacienda realice un análisis de costo-beneficio antes de aprobarlo, facultad que la recién aprobada reforma tributaria (Ley 30-26) amplió para permitir que ese ministerio recomiende objetar una clasificación.
Aun así, Montás advierte que “el reto es poder demostrar objetivamente cuándo el balance de la aplicación de una ley de incentivo es negativo” y matiza cómo debería diseñarse una eventual ley para el deporte: con límites claros de duración y alcance, y evitando en particular las exenciones de ITBIS, que por gravar bienes y servicios, no personas, generan, cuando se eximen en función de quién los consume, una distorsión “muy difícil de administrar”.
¿Una ley para el turismo deportivo?
El debate está servido: ¿debe el turismo deportivo seguir siendo un apéndice de la hotelería o ha llegado el momento de tratarlo como una industria estratégica autónoma, con su propia ley de incentivos que garantice su sostenibilidad a largo plazo?
El profesor Francisco Lapouble, especialista en derecho del deporte de la PUCMM, coincide en el diagnóstico de fondo, pero matiza el remedio. La Ley General de Deportes, vigente desde 2005, es en la práctica una norma “natimuerta”, explica: pocas de sus disposiciones se han materializado, y ninguna regula específicamente los eventos deportivos, que hoy se organizan bajo los mismos permisos que cualquier evento de entretenimiento.
Ante la dificultad de una reforma integral, advierte Lapouble, lo más probable es que cualquier avance normativo termine legislándose “de forma individual, para atender a supuestos específicos puntuales”, es decir, leyes a la medida de los grupos con capacidad real de incidencia en el Congreso, no necesariamente una política de Estado integral.
Como precedente, cita el caso de las Grandes Ligas de Béisbol, que ya logró su propia legislación específica gracias a su capacidad de presión legislativa. La pregunta que plantea Lapouble no es solo si hace falta una ley, sino para qué y para quién: “el tema del turismo deportivo es un tema de moda ahora mismo”, advierte, y esa misma popularidad es la que podría convertir la eventual ley en el resultado de una buena gestión de cabildeo, más que de una visión de país.
Estrategia nacional del turismo deportivo
Ese esfuerzo por blindar jurídicamente el sector ha cristalizado en una alianza estratégica. El Ministerio de Turismo del que al día de hoy esperamos su opinión al respecto, en sintonía con el capital privado, acaba de estructurar la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo, un plan diseñado con un propósito sumamente pragmático: combatir la estacionalidad, el histórico talón de Aquiles del Caribe. “El turismo deportivo cumple una función estratégica fundamental para el destino”, señala Lendor. “La celebración de competiciones durante todo el año permite inyectar visitantes y mantener la ocupación hotelera en zonas como Samaná, Cabarete o Punta Cana precisamente durante los meses de baja demanda convencional”.
Para Birgitt Heinsen, presidenta del Clúster Turístico del Destino Puerto Plata, Cabarete ya cuenta con un posicionamiento internacional clave en surf, windsurf, kitesurf y wingfoil, por lo que el siguiente paso es fortalecer el ecosistema del turismo deportivo.
Con este fin, el Clúster ha firmado un acuerdo con ADOTURD y ha creado el Comité de Turismo Deportivo; una plataforma diseñada para posicionar a la provincia como potencia en este segmento, promover eventos de mayor alcance, generar alianzas y desarrollar productos que impulsen el desarrollo económico y social de la región.
“Estamos hablando de mejorar la infraestructura, el ordenamiento, la seguridad y los servicios, pero también de trabajar en una estrategia que nos permita atraer más competencias internacionales durante todo el año. Más que una cifra específica de inversión, lo principal es establecer una hoja de ruta que articule los esfuerzos públicos y privados para aprovechar el recurso natural, el talento y el reconocimiento construido por años, fortaleciendo la conectividad y la promoción”, concluyó Heinsen.
A pesar del optimismo del gremio, persiste un desafío metodológico: la escasez de datos locales precisos. Pero el perfil del cliente resulta sumamente seductor: el turista deportivo registra un gasto promedio y una estancia notablemente superiores a los del visitante de sol y playa tradicional.
Como muestra del potencial de esta derrama, Lendor pone sobre la mesa el ejemplo del golf, un segmento maduro y de altísimo valor: “Contamos con campos de clase mundial que atraen cada año a miles de jugadores; según estimaciones de Asonahores, esta actividad genera un impacto económico que supera los 400 millones de dólares anuales, consolidándose como un motor de divisas de altísimo valor añadido para nuestro ecosistema turístico”.
Sobre este tablero, el experto Félix Olivo es enfático: “La culminación de los 9 hoyos pendientes tanto en Cap Cana como en La Cana elevarán el estándar competitivo de nuestros campos. Asimismo, la iniciativa del Grupo Piñero al traer la gran final del PGA Tour Américas es un salto cualitativo fundamental; nos posiciona en el mapa del golf profesional de élite y valida nuestra capacidad logística para albergar eventos de clase mundial.
A pesar del trabajo que hace la Federación, nuestra capacidad de respuesta se ha quedado corta frente a las exigencias actuales. Tenemos una nueva camada de jugadores con potencial, pero hay que impulsarles el rodaje competitivo necesario para trascender. Necesitamos robustecer el calendario de torneos nacionales y programas de alto rendimiento para cerrar esta brecha”.
Este pensamiento es compartido por la Federación Dominicana de Golf, Fedogolf: “Nuestro compromiso es democratizar el acceso al golf desde la infancia, formar atletas de alto rendimiento internacional, elevar la competitividad de nuestros torneos y consolidar alianzas estratégicas con el turismo y la empresa privada para impulsar el talento nacional”, apunta su presidente, Enrique Valverde.
El auge de las actividades náuticas
Bajo la misma premisa de diversificación geográfica, la patronal confía en escalar el éxito hacia nuevas disciplinas: desde el auge náutico, impulsado por citas como el Torneo Internacional de Pesca al Marlín Blanco o la Regata de la Hispanidad, hasta los deportes de viento en la costa norte donde Cabarete ya es un referente global para el surf y el windsurf, sin dejar de lado el crecimiento de la Liga Dominicana de Fútbol y el potencial del senderismo de montaña.
“República Dominicana es la próxima cumbre del turismo de montaña en el mundo. Nuestras cordilleras y nuestra posición geográfica no son solo paisajes; son una ventaja estratégica que puede posicionar al país en la cima del turismo sostenible global”, aseguró el montañista Iván Gómez durante el LATAM Trail Summit 2026 en Santo Domingo. El Ministerio de Deporte, a fecha de publicación de este reportaje, no ha emitido una respuesta con relación a este tema.
Promoción local
El calado de la industria del deporte profesional no se limita a la hotelería o los incentivos fiscales; reside en el magnetismo de sus propios protagonistas. Es ahí donde la visión comercial se cruza con el orgullo nacional. Félix Díaz, campeón y medallista de oro olímpico de boxeo, entiende a la perfección la psicología del espectador y el flujo de los grandes capitales deportivos.
“Las grandes marcas se involucran y los públicos internacionales, como el estadounidense o el mexicano, pagan entradas costosas y compran sistemas de pago por ver porque buscan el gran espectáculo profesional”, analiza Díaz en entrevista exclusiva para Resumen Turismo.
Sin embargo, el exboxeador advierte que el verdadero motor del turismo deportivo sostenible a largo plazo debe cimentarse sobre la base: “El turismo deportivo sería mucho más eficiente y constante si se enfoca en respaldar a los atletas amateur”.
Para Díaz, el país tiene una mina de oro publicitaria desaprovechada en sus propias vitrinas de trofeos. Su propuesta es pragmática y directa: utilizar el prestigio de las leyendas locales como catalizadores de desarrollo. “La clave está en usar a atletas como nosotros, campeones y medallistas olímpicos, como la cara visible del país, para hacer un llamado internacional y atraer eventos de clase mundial”, concluye.
Una metamorfosis histórica
República Dominicana se encuentra ante una metamorfosis histórica: trascender el reposo bajo el sol para erigirse como el escenario donde el mundo viene a ponerse a prueba. La distancia entre el 2% actual y el 10% que promedia el resto del mundo, una diferencia de cerca de un millón de visitantes potenciales, según las propias cifras del sector, es, en el fondo, la medida exacta de esa oportunidad todavía sin capturar.
Pero antes de escribir una nueva ley, el país tendrá que responder la pregunta que deja planteada Lapouble: ¿para qué, y para quién? Porque el deporte, tal como ocurrió con el cine, tiene el potencial de ser la próxima gran industria exportadora de la nación pero solo si esa promesa se construye con la misma auditoría independiente que hoy le falta a sus propias cifras.
