Senado aprueba ley de residuos sólidos con modificaciones
El Senado de la República aprobó en única lectura las reformas realizadas por los diputados al proyecto de ley que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos.
En su artículo 36 la ley indica que toda persona jurídica, entidades gubernamentales y otros patrimonios autónomos, así como cualquier otra entidad que reporte anualmente sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos, deberá pagar una contribución especial obligatoria basada en sus ingresos, con el objetivo de crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la disposición de los residuos y desarrollar un sistema integral de gestión.
Las empresas con ingresos hasta cinco millones, aportarán $5,000, mientras que las empresas con ingresos hasta diez millones tributarán $6,000; las entidades con ingresos de hasta $25 millones. pagarían $20,000; hasta $50 millones aportarían $90,000; hasta $80 millones contribuiría $120,000; hasta RD$100 millones pagarán $150,000; hasta $300 millones aportarían a $400,000.
De igual forma, las empresas que posean ingresos hasta $500 millones, pagarían $500,000; hasta $700 millones aportarían $675,000; hasta $1,000 millones pagarán $750,000; hasta $2,500 millones pagarían $1,700,000 y, en caso de que sea superior a ese monto, la empresa deberá pagar $2,200,000.
Esta ley establece, además, que solo se permitirá un vertedero por provincia y, en cuanto a las procesadoras, solo habrá una por cada 10 regiones que estén ubicadas en un radio de 70 kilómetros, a excepción de la región Ozama ya que es la más poblada.
La pieza legislativa prohíbe la importación de sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas fabricados en plástico, así como vasos y cualquier otro producto fabricado en poliestireno (foam), que no tenga certificación de biodegradabilidad en los términos de la presente ley. Esta medida entraría en vigor seis meses luego de que la ley haya sido promulgada.
Aprueban acuerdo
En única lectura el Pleno del Senado aprobó el acuerdo entre el Gobierno de República Dominicana y el Estado de Kuwait para la supresión de visa para titulares de pasaportes diplomáticos, especiales y oficiales, propuesta del Poder Ejecutivo.
