Turismo de salud: convertir el liderazgo en política de Estado
Por: Gilberto Objío, abogado experto en Derecho de Salud
Santo Domingo. – La República Dominicana ya no compite “a futuro” en turismo de salud: compite hoy. El país figura entre los destinos mejor posicionados del Caribe y América Latina en el Medical Tourism Index (MTI), una referencia internacional del sector, con presencia dentro del “top 20” mundial según múltiples reportes públicos.
Ese lugar en el mapa no es casualidad. Responde a una oferta que ha ido profesionalizándose: centros que apuestan por estándares internacionales, experiencia del paciente, tecnología, formación clínica y articulación institucional —incluyendo esfuerzos vinculados al ecosistema de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS)—.
Pero el punto clave es este: liderar el mercado no equivale a tener una política pública madura. El liderazgo actual es una plataforma para acelerar, no un destino final.
Una industria exportadora, con números que ya pesan
El llamado “nicho” dejó de ser pequeño. El Segundo Estudio y Diagnóstico del Turismo de Salud y Bienestar estimó que en 2022 el turismo de salud generó más de US$1,321 millones y movilizó 338,747 pacientes internacionales y turistas entre viajeros por motivo médico y la llamada “medicina turística”.
En otras palabras: no se trata de una moda. Se trata de una industria exportadora que atrae divisas, inversión y empleos, y que —bien gestionada— puede elevar estándares de calidad que también beneficien a los pacientes locales.
Del decreto a la ejecución: la brecha que decide la próxima década
En diciembre de 2021, el Decreto 787-21 instruyó a los ministerios de Salud y de Turismo elaborar políticas y estrategias para el desarrollo sostenible del turismo de salud y bienestar.
A más de cuatro años de esa disposición, la pregunta de política pública es incómoda pero necesaria: ¿en qué medida el país pasó del enunciado a la ejecución? La competitividad global no premia “pilotos eternos”. Premia gobernanza, resultados y consistencia.
En documentos oficiales de gestión pública se han descrito trabajos interinstitucionales vinculados al decreto (levantamientos, material promocional, iniciativas), lo cual es un punto de partida.
Sin embargo, el reto estructural sigue siendo convertir esa intención en una hoja de ruta operativa: presupuesto, cronograma, metas, indicadores y rendición de cuentas.
Promoción internacional: esfuerzos privados visibles, rol público aún insuficiente
El sector privado ha invertido en posicionamiento: alianzas, acreditaciones, participación en foros, campañas, facilitadores y redes clínicas. Aun así, la proyección-país del turismo de salud requiere un rol público más proactivo: presencia segmentada en mercados emisores, narrativa reputacional coherente y coordinación con actores clave (aseguradoras, empleadores, aerolíneas, turoperadores y plataformas).
Si el Estado sostiene campañas robustas para segmentos tradicionales del turismo, también puede —y debe— construir una estrategia sostenida para salud, bienestar y retiro, por su impacto económico y reputacional.
Marco normativo: existe, pero está disperso
El turismo de salud opera hoy sobre un mosaico legal (salud, seguridad social, inversión, calidad, mejora regulatoria, protección de datos y régimen turístico). El desafío es ordenar ese marco para reducir fricción, cerrar vacíos y elevar estándares sin burocracia improductiva.
Esto puede lograrse con una ley sectorial o con una reforma integral que incorpore turismo médico, bienestar y retiro como parte de la diversificación turística y la competitividad sanitaria del país.
Calidad: avanzar sin convertirla en barrera
Se han planteado instrumentos como un Sello Dominicano de Calidad alineado con estándares internacionales (p. ej., ISO 22525). El punto crítico es la implementación: si la calidad se convierte en un lujo —por altos costos, duplicidad de auditorías o burocracia— se frena la formalización.
La ruta inteligente es un modelo viable: implementación escalonada, asistencia técnica y reconocimiento de cumplimiento.
Seguridad jurídica e incentivos: el termómetro de la confianza
El turismo de salud es intensivo en inversión: infraestructura, tecnología, cumplimiento de estándares locales e internacionales, talento humano y mejora continua. Por eso, la seguridad jurídica no es un tema accesorio: es el corazón de la decisión de invertir.
En ese contexto, la Resolución 49-2014 abrió la puerta para que proyectos vinculados al turismo de salud pudieran acogerse a incentivos bajo el paraguas de CONFOTUR.
Pero el sector necesita algo más que un marco formal: necesita previsibilidad, criterios transparentes, ventanillas ágiles y respeto a derechos adquiridos. Cuando el mercado percibe reglas cambiantes o retroactividad, la inversión se frena; y con ella, la expansión de capacidad, empleo y tecnología.
Talento humano: el diferencial competitivo que no se improvisa
La reputación internacional no depende solo de edificios y equipos: depende de la experiencia. Bilingüismo, competencias interculturales, seguridad del paciente, consentimiento informado, trazabilidad, coordinación internacional y procesos administrativos (preautorizaciones, facturación, continuidad) son parte del “producto exportable”.
Sin talento entrenado, se pierden conversiones, reputación y recurrencia, aun con buena medicina.
Una agenda ejecutable, con foco en resultados
- Norma técnica nacional alineada con estándares internacionales.
- Registro público de prestadores habilitados para pacientes internacionales, con verificación continua.
- Telemedicina transfronteriza: trazabilidad, consentimiento, jurisdicción y protección de datos.
- Sello de calidad viable: costos escalonados, incentivos y auditorías independientes. Es crucial concomitantemente un Impulso real a la adopción de certificaciones y acreditaciones internacionales.
- Observatorio nacional de turismo de salud (impacto, reputación, métricas y tendencias).
- Ejecución del Decreto 787-21 con responsables, presupuesto, cronograma, promoción e indicadores públicos.
- Programa país de bilingüismo y capacitación (técnicos, enfermería y cadena de valor).
- Seguridad jurídica e incentivos: no retroactividad, criterios claros y procesos ágiles, incluyendo lecciones aprendidas en CONFOTUR.
- Mecanismos de mediación/conciliación/arbitraje para disputas transfronterizas.
- 10.. Responsabilidad profesional y datos: garantías al paciente y cumplimiento de la Ley 172-13.
Conclusión: calidad y seguridad jurídica para sostener el liderazgo
La República Dominicana ya lidera el turismo de salud. Ahora toca convertir ese posicionamiento en política de Estado, con gobernanza, promoción sostenida y talento competitivo.
La clave es doble: cultura de calidad y seguridad jurídica. Sin reglas claras y previsibles, la inversión se frena; y sin inversión, se frenan la expansión, los empleos mejor remunerados y la competitividad del país.
